Extradición en colombia

Siendo nuestro Estado Social de Derecho, según se pregona como un gran avance de nuestros constituyentes  y estando a cargo de los órganos encargados del poder público, la defensa y protección de sus nacionales, deja mucho que desear que una institución tan respetable, como lo es la Corte Suprema de Justicia, y en coro con ella, el Ministerio de Justicia, hayan terminado siendo un instrumento para las injusticias o por qué no decirlo para el favorecimiento de interese ajenos a nuestra institucionalidad.

Es inconcebible que en el trámite de un proceso de extradición, cuando se discute la posibilidad de la condena de un colombiano bajo unos supuestos normativos ajenos a nuestra cultura, ese principio constitucional de presunción de inocencia sea desconocido de la forma tan aberrante como viene sucediendo bajo el argumento o el supuesto de que en el estudio de la extradición no se verifica ninguno de los elementos probatorios que tenga o pueda tener el Estado peticionario a través de sus estrados judiciales.

Nuestra concepción democrática exige y demanda que se presente de inmediato un trámite que proyecte la revisión de la figura de la extradición y que a su vez, se establezcan derroteros que minimicen el riesgo del hazmereír que acaba de suceder y que tiene que sumarse a tantos casos anónimos de los cuales no tenemos conocimiento y que evite las demandas millonarias contra el Estado con todos aquellos casos en los cuales este procedimiento ha resultado inocuo y ha terminado por convertirse en una forma soterrada de repicar los falsos positivos dentro de la estructurar judicial Colombiana.

Se suma a todo lo anterior, el hecho del fracaso del Sistema Penal Acusatorio de Colombia, la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación y la morosidad en la solución de los conflictos judiciales en Colombia, con lo cual se acredita y se ratifica que nunca ha habido una politica criminal seria que tenga correspondencia con las normas y principios mínimos que han tratado de adoptarse como derechos fundamentales de los Colombianos y seguimos convencidos de que la paz pueda ser fruto de un acuerdo con un grupo de los alzados en armas mientras la sociedad se sigue descomponiendo por la corrupción, la ausencia de valores y la pérdida de credibilidad de las Instituciones.

Por todo lo anterior, es por lo que tenemos que aceptar que los delincuentes estén a sus anchas, convencidos de que la justicia no los toca, que a ellos no les llegan las acciones del Estado y que finalmente tengamos que aceptar que en Colombia no exista imparcialidad en la Justicia y muchos de los delincuentes tengan la opción de apoyarse en esta realidad, para huir de la justicia, como se pregona al igual en estos momentos