Extradición de las FARC

Hay muchas formas de materializar esta sanción: con el pago (indemnización) y con la pérdida de la libertad.

De otra forma, dentro del ordenamiento jurídico colombiano se han estimado medidas sancionatorias externas a la jurisdicción nacional. Una de ellas es la de la extradición.

Esta figura en Colombia se ha aplicado, sobre todo con pedidos realizados por Estados Unidos, en lo que tiene que ver estrictamente con el tráfico de estupefacientes. Es por esta razón, que hizo fama la frase entre narcotraficantes de que “prefiero una tumba acá en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos”.

Claro, las condiciones rigurosas de la justicia norteamericana no permiten blandas interpretaciones para rebajar penas o comprar jueces. No, allá la justicia es más expedita y el sistema es más practico que el colombiano.

De modo que esto genera temor entre los nacionales que resultan implicados en un señalamiento de extradición. Es por esto que ayer se volvió a presentar la polémica a raíz de un proyecto de Ley que el Polo Democrático Alternativo presentó con el fin de evitar que guerrilleros sean llamados a pagar penas en el exterior.  

“El proyecto busca modificar las condiciones con las que actualmente se aplica la extradición en el país (…) queremos garantizar que las personas que se hayan sometidos a procesos de justicia transicional no puedan ser extraditados, eso será benéfico para el proceso de paz”, señaló el representante a la Cámara, Víctor Correa, quien presentó la iniciativa.

El ‘Uribismo’ fue el primero en oponerse a esta iniciativa, con el argumento de que “si hay un proceso de negociación el resultado debe estar a cargo de quienes están negociando y no puede haber un partido decidiendo impunidad de acuerdo a sus conveniencias o a su manera de ver el proceso”, insistió Paloma Valencia.

Esta apreciación es compartida con otra franja de la ciudadanía, que aunque está de acuerdo con las negociaciones, no comparte que una guerrilla que fue partícipes de masacres y muertes de niños, ahora tenga subrogados penales a la sombra de unas negociaciones.

“Yo no creo que Colombia deba rectificar su política de extradición”, dijo recientemente el fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett. Una premisa con la que estamos de acuerdo, pues es legal y ha sido ratificada por la Corte Constitucional. De modo que estamos de acuerdo con la paz pero también con la justicia. Obvio, tiene que existir un análisis minucioso antes de extraditar a alguien, pues por el simple hecho de ser guerrillero no aplica.