Estatus de negociador

Para entonces tenía órdenes de captura por extorsión, lesiones con fines terroristas, y tráfico y porte de estupefacientes. El país lo conoció en el inicio de negociaciones en el Caguán y lo recordó en junio de 2011, cuando fue detenido en Caracas. Hoy tiene órdenes de captura por desplazamiento forzado, tortura en persona protegida y reclutamiento de menores de edad, delitos de lesa humanidad, por los cuales se pidió su extradición a Colombia.

Desde el pasado jueves, Torres Cueter, alias “Julián Conrado” o el “Cantante de las Farc”, descansa en La Habana, a donde llegó ostentando la dignidad de negociador de las Farc. Su nuevo estatus lo hace beneficiario inmediato de la suspensión de las órdenes de captura y del retiro y cancelación de la solicitud de extradición. Con esta incorporación, las Farc completan 47 delegados a la mesa de conversaciones en La Habana, ciudad donde se han asentado como turistas -¿a costo de quién?- que disfrutan de interlocución con voceros del régimen castrista y con viajeros a los que casualmente encuentran en lobbies de lujosos hoteles.

Históricamente las decisiones de las Farc siempre han sido tomadas en forma exclusiva y excluyente por los miembros del Secretariado General y que los demás guerrilleros, aun los jefes de frente, solo pueden obedecerlas, a riesgo de perder la vida si actúan en contrario. Sin embargo, la guerrilla ha designado a dos miembros del Secretariado, dos jefes de bloque y dos voceros políticos, además de 41 personas con alguna notoriedad, ninguna capacidad para dirigir, y centenares de órdenes de captura por delitos entre los que se cuentan los de reclutamiento forzado de menores de edad, homicidio en persona protegida y ataque a persona protegida, como interlocutores de la sociedad colombiana, representada por siete ciudadanos que ocupan o han ocupado altas dignidades.

No obstante otras grandes inquietudes, los precedentes -que se convertirán en condiciones mínimas en diálogos futuros con otros grupos alzados en armas- y la justicia a las víctimas, son los más grandes interrogantes que deja el proceso en curso. Para responderlos, se han ofrecido, sin que brinden claridad, el Marco Jurídico para la Paz, la creación de la Unidad de Justicia Transicional en la Fiscalía General de la Nación y los anuncios del doctor Eduardo Montealegre sobre selectividad, así como sus contradicciones en materia de calificación de los delitos de lesa humanidad, declaraciones que aún no permiten comprender el marco jurídico en el que el Gobierno y el fiscal garantizarán que se atiendan los convenios internacionales y las normas nacionales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.