Ese fatídico 6 de noviembre de 1985

Impactos

El miércoles 6 de noviembre de 1985, hacia las once y media de  la mañana, nos encontrábamos en el despacho del ministro de Fomento, Iván Duque Escobar, acompañando una comisión de  huilenses encabezada por el senador  Héctor Polanía Sánchez, que nos había invitado a ese acto vista nuestra amistad con el ministro, de quien se esperaban acciones concretas en beneficio de la comunidad del sur del departamento. Apenas se había iniciado la audiencia cuando el ministro Duque recibió una llamada y después de escucharla, un poco descompuesto, nos informó que la reunión quedaba cancelada porque había sido llamado de  urgencia de la Presidencia en vista de que el M-19 acababa de asaltar el Palacio de  Justicia amenazando con hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur.

Conmocionados  por la noticia, salimos del despacho del ministro, e invitados por el senador Polanía nos dirigimos a  un restaurante a almorzar y comentar los acontecimientos en curso. Muy tranquilo, como era habitual en él, comentó que era la oportunidad de acabar con el grupo más agresivo del M-19,  atrapado en el Palacio de Justicia. Cuando se le anotó el peligro que podrían correr civiles no involucrados en el conflicto y los mismos magistrados de la Corte Suprema de  Justicia, respondió que esos serían daños colaterales que debían asumirse para lograr el objetivo principal: eliminar  la  más peligrosa cúpula subversiva, que había ofrecido, con su irresponsable y criminal acción, la oportunidad de liquidarlos. Ahí quedó la conversación y todos los presentes asumieron que el senador Polanía hablaba en su calidad de tal y con base en sus criterios e informaciones oficiales. Conocidos los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre, que apenas comenzaban en el momento de esa reveladora conversación, no volvimos a ver a don Héctor, pero sus palabras han retumbado siempre en nuestro recuerdo como una revelación.

30 años después, tras decenas de investigaciones complicadas, discutidas, desautorizadas, intervenidas por los  más contradictorios intereses, sin saberse a ciencia cierta si el criminal asalto del M-19 fue financiado por el narcotráfico, o fruto solamente de su demencia pequeño burguesa que creyó con él tomar el poder y juzgar al presidente Betancur, en medio de manifestaciones  populares en su respaldo –que nunca  se vieron-; sin saberse  por qué, a sabiendas de que el asalto se preparaba, la vigilancia policiva del edificio fue retirada como para facilitarlo; ni por qué el  presidente Betancur no respondió a los llamados angustiosos del presidente de la Corte Suprema, como si él no fuera realmente el jefe del Estado, sino más bien un rehén de las Fuerzas Militares que actuaron a su antojo en la brutal retoma, igualmente criminal, y lo obligaron a decir que operaban  bajo sus órdenes; sin saberse, en fin, quién fue responsable del incendio del edificio; por qué  lavaron los cuerpos de las víctimas  y las trastearon de  un piso a otro, limpiando también todas las consecuencias del asalto, y la retoma del edificio; y sobre todo, por qué personas que salieron vivas del Palacio de Justicia fueron halladas muertas después en su interior o desaparecidas. El propio hijo del entonces  presidente de la Corte Suprema  y actual ministro de Justicia, declara que la bala que le quitó la vida a su padre no fue disparada por el M-19… Son muchas  las dudas que quedan y la hipótesis de la estratagema militar de permitir el criminal asalto para coger en esa trampa a la élite del M-19 no se  puede descartar.