Equilibrio de poderes

no deja a nadie libre de culpa, de responsabilidad y sobre todo, libre de haber participado de una u otra forma, en la mermelada de sus prebendas, pensando siempre con interés personal y en desmedro del interés colectivo o social.

En ese camino los columnistas de opinión hemos jugado un papel decisivo a lo largo de la historia colombiana, y es hora de que algunos de los temas que hemos advertido mucho tiempo atrás, lleguen al menos, como parte de iniciativa en el proyecto constitucional, formando parte de este proceso de decantación política.

Es así como tenemos que rescatar en algunas de nuestras columnas de opinión, el tema de la no reelección de los congresistas, más de una vez, para combatir esos seres anquilosados que han vegetado sin suerte, pero que se han hecho elegir y reelegir indefinidamente, gracias a las maquinarias políticas regionales y sin que hayan contribuido en la formación social, política o institucional de la República. Suerte similar debe darse en las Asambleas Departamentales y en los Concejos Municipales, e incluso Alcaldías y Gobernaciones.

En cuanto tiene que ver con la reelección presidencial, valga recordar cómo la politiquería vulneró todos los preceptos éticos, morales, legales y nos permitió conocer de cerca, formas de corrupción que todos conocíamos y que nos negábamos a aceptar, cuando por la compra de los votos de los congresistas, se hizo pública la negociación adelantada por los intermediarios nefastos de Álvaro Uribe Vélez, para reformar un “articulito” de la Constitución, logrando su propósito reeleccionista.

Reelección que representa uno de los descalabros más grandes de la democracia institucional a un costo punitivo que no hemos saboreado de la manera que era de esperarse, imponiendo la sanción penal a los verdaderos artífices de la misma.

Y saber que nuestro reelecto presidente Santos, en un acto de reproche contra su propia actitud, y habiéndose valido de esa misma estrategia, advierte sobre la inconveniencia de esta figura constitucional y se pone al frente de lo que ha sido y es un esperpento dañoso de nuestra institucionalidad, y sobre la cual, se han construido toda clase de atropellos y de burlas a la participación democrática ciudadana.

Igual suerte debe darse para acabar por fin con el Consejo Superior de la Judicatura, y la Comisión de Acusaciones, entes que han pervertido todas las formas de acceder a los cargos públicos y sobre todo, de manipular a su amaño los procesos sancionatorios en contra de sus propias dignidades, convirtiéndose en focos donde la corrupción cobra un alto precio por su ineficiencia y su supervivencia.

Y tres, cuatro o cinco articulitos más que están en mora de sumarse uno tras otro, pero que llevan la posibilidad de erradicar el poder de nominación de cargos políticos en los entes de control, por los Magistrados de las Altas Cortes, quienes por el contrario, han abrevado de sus mieles y han terminado por inmiscuirse en los grandes equívocos de sus representados o elegidos, cuando han traspasado el umbral de la ley, para ponerse al margen de ella.

Es menester que en esta reforma, se advierta que el Señor Presidente, no podrá de ninguna manera, hacer como lo ha hecho hasta el momento, el guiño o advertir su preferencia hacia alguno de ellos, por cuanto con esto se desnaturaliza la independencia tanto de los electores como de los elegidos y el manido cuento del equilibrio de poderes, terminará siendo, una forma de entronización de la dictadura del poder.