En peligro la institucionalidad

Nunca antes había estado en tanto riesgo la institucionalidad del país, gracias a que hace carrera el sometimiento a la Ley según las conveniencias, patrocinada por ciudadanos que uno creería atienden los llamados de las autoridades ante la comisión de supuestos delitos.

Hemos visto a un expresidente burlarse de las citaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, entidad convocante para que diera versión libre sobre acusaciones graves al Ciudadano Presidente. Su presencia fue un circo irrespetuoso, con lo que significa ir a lustrarse los zapatos en un lugar que cualquier ciudadano respeta, incluso los mismos delincuentes, y el fiscal se abstuvo, tal vez por temor, de aplicar una sanción que fuera ejemplarizante, que enseñara el respeto que debemos a la Ley.

El dicho popular de que “La Ley es para los de ruana” es tan antiguo como real. He visto a muchas personas conminadas en la cárcel por muchos meses, solamente por indicios, con fallas de procedimiento, un Fiscal especial de Neiva ordenó la captura de cuarenta y cinco campesinos de la Bota Caucana, amparado en el nebuloso testimonio de un ex-miliciano de las FARC, sin averiguar ninguna otra circunstancia, sin informarse del contexto en un lugar donde la guerrilla obliga a la población a colabora con ella a cambio de no matarlos. Hoy, dichos campesinos han demandado al estado, y la misma Ley ha ordenado el pago de indemnizaciones millonarias. No sé qué ha podido pasarle a este fiscal inepto. A lo  mejor reposa campante en su despacho repartiendo Ley a diestra y siniestra. Claro, los pobres cuarenta y cinco campesinos no eran importantes, no tenían columnas de opinión ni micrófonos, ni cámaras de televisión ni páginas de periódicos.

Ellos no eran un peligro para la institucionalidad por obvias razones.

Pero estos tipos de corbatín y sacoleva, que evaden la justicia, que incumplen el deber básico de atender los llamados de la justicia ponen en peligro la institucionalidad. Sobre todo en la natural credibilidad que debe tener la justicia entre los asociados, que somos todos los ciudadanos. Uno no entiende cómo un personaje, de estos de corbatín y sacoleva, con serios indicios en la comisión de un grave delito, pueda salir del país (no voy a decir nombres, porque mi intención no es hacer señalamientos personales), pueda radicarse en un país amigo, sin que logren su repatriación.

Cómo es de ágil la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trata de extraditar a un nacional. Pero qué ineficientes las mismas autoridades cuando se trata de solicitar la repatriación de nacionales requeridos por la justicia. Todos los fugados se encuentran en países amigos: Canadá, Estados Unidos, Italia, Costa Rica (antes en Panamá), y nuestro gobierno no ha sido capaz, con el tiempo disponible con sus días y noches, de hacerlos comparecer ante las autoridades respectivas, no digo para que los conminen en una cárcel, sino para que respondan por los delitos que se les imputa. Que sean culpables o inocentes es cosa que tendrían que resolver los Jueces en equilibrio y con la Ley en la mano, para que la institucionalidad que nos convoca como colombianos sea el código de comportamiento de todos en este país.