En derecho
Después de 109 días de incertidumbre, se dio anoche el hecho jurídico-político que pone fin a la inestabilidad administrativa en la Capital de la República.
El presidente Juan Manuel Santos decidió no acatar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmó, como lo pidió en fallo debidamente ejecutoriado la Procuraduría, la destitución del alcalde Gustavo Petro.
Esta es la primera vez que la CIDH solicita medidas cautelares para defender derechos políticos y no, como ha sido siempre, para proteger la vida y la integridad de alguien en riesgo de ser asesinado. En esos casos normalmente el Estado da una protección especial.
Pero en este caso, que no era para proteger la vida de un ser humano, definitivamente no era viable, era abrir la puerta a una nueva jurisprudencia en la relación entre Colombia y la CIDH, con efectos inimaginables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato en la Comisión, ejemplo la destituida gobernadora Cielo González Villa.
También sería el caso de los parapolíticos, e incluso, del cuestionado gobernador de La Guajira, Kiko Gómez, que fue destituido sin que mediara proceso judicial, únicamente un fallo disciplinario.
En este caso tenemos que reconocer que el presidente Santos actuó en derecho y en forma coherente, pensando en las implicaciones que pudiera tener el haber acatado una recomendación, que como su nombre lo indica, es simplemente eso, una recomendación, no una orden perentoria, como sí lo es en nuestro ordenamiento jurídico los fallos disciplinarios emitidos por una institución respetable como la Procuraduría General de la Nación.
No tendría presentación que el presidente de la República no estuviera del lado de las instituciones que juró respetar y acatar cuando asumió las riendas del país.
Muy seguramente su decisión tendrá implicaciones políticas, sobre todo en este instante cuando aspira a la reelección, sin embargo, es claro que esa era la decisión y la postura.
Llega al cargo Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, exministro de la cartera de Defensa, quien además tuvo en sus hombros las riendas del proceso de paz con el M-19, justamente en la fecha en que se desmovilizó el ahora destituido e inhabilitado, Gustavo Petro.
