En Cajamarca el pueblo alzó su voz contra la minería.

El domingo 26 de marzo se llevó a cabo la consulta popular en Cajamarca Tolima sobre la explotación en la mina de La Colosa a cargo de las multinacionales. Este municipio del departamento del Tolima que tiene aproximadamente 22.000  habitantes se movilizó en defensa del agua el territorio y del medio ambiente y derrotó por mayoría a los que estaban por el  sí. La lucha llevada a cabo de cerca de ocho años de grupos ambientalista del municipio y de muchas otras regiones del país dejan ver el nivel solidaridad, sensibilización y organización de las comunidades  cuando se trata de defender la vida y la subsistencia frente al dinero y el afán de las multinacionales de explotar y acabar con los territorios saciando sus ansias de acumulación,  exportando el material extraído de las minas.  La empresa que viene  gestionando los permisos para la explotación de esta mina en Cajamarca a cielo abierto es la canadiense Anglo Gold Ashanti. Los resultados de la consulta nos dejan varias lecciones que para el caso del Huila debemos tenerla como experiencia a seguir frente posibles construcciones de nuevas represasen en el departamento.

Lo primero que debemos valorar es el nivel de organización de la comunidad a través de las organizaciones sociales y ambientalista haciendo consciencia de la importancia de defender el territorio. Allá en Cajamarca sus habitantes entendieron que es más importante defender el ecosistema y la vida que permitir que las empresas terminen explotando sin ninguna consideración ni beneficios para la sociedad esta intervención  minera. En segundo lugar, la decisión del pueblo que mayoritariamente aprobó  no estar de acuerdo con esta labor extractiva debe ser acatada por el Gobierno Nacional porque goza de total legitimidad y respaldo popular. Con esa respuesta el mensaje para las autoridades civiles es un campanazo de alerta por la forma como se viene entregando por parte del Estado central las licencias y permisos a empresas para que acaben literalmente con las comunidades y la economía siga dependiendo del modelo extractivista minero-energético.  En la Comisión de Derechos Humanos la ONU y en los distintos escenarios europeos este caso se había discutido y analizado los riesgos por la forma como el Gobierno central termina cediendo en favor de un tercero. Los llamados de atención que desde Bruselas en los distintos  escenarios las ONG de Colombia y Europa habían alertado  era una forma de presión al Gobierno y a las empresas trasnacionales que andan por el mundo destruyendo las comunidades, el territorio.     

Colombia recientemente firmó un convenio donde se comprometió a hacer respetar los derechos humanos por parte de las empresas.  Ese compromiso en cabeza de la institucionalidad debe ser una advertencia para que quienes lleguen con el fin de destruir la vida, le caiga todo el peso no de la ley, porque allí muy poco se puede hacer, sino de la denuncia y la movilización.