En bandeja de plata


El resultado electoral de este domingo, será tachado de todas formas por una desafortunada acción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que de paso puso en entredicho las relaciones armónicas, que debe tener con su subordinada Registraduría Nacional de Estado Civil.

El CNE mediante resolución anuló y dejó  sin efecto la presunta inscripción irregular de un millón 600 mil cédulas en todo el país, por presunta trashumancia. No obstante en Bogotá ya le tocó reversar esa decisión, e igual disposición deberá tomar en todo el país, porque los dirigentes de casi todos los partidos se sienten afectados.

Es un atentado por acción o por omisión contra la democracia colombiana y sería importante conocer si fue por acción, por error, o por una inadecuada comunicación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el máximo tribunal electoral.

En todos los círculos políticos ya se buscan responsables y se acusa con insistencia que se le metió la mano a las elecciones, aunque es peligroso pensar de esa manera.  

No sobra recordar que la trashumancia o  el “trasteo de votos” denominada en el argot popular, transgrede el proceso electoral y la tipifica como conducta punible el artículo 389 del Código Penal.

La persona que cometa este delito podría ser condenada a una pena de entre 4 y 9 años de prisión. Igualmente a quien se le compruebe falso testimonio, también puede sufrir entre 6 y 12 años en la cárcel, según el artículo 442 del mismo ordenamiento.   

Es un delito grave, teniendo en cuenta que es ejecutado por sujetos sin escrúpulos ni sentido patriótico de pertenencia contra la democracia, principio fundante del Estado colombiano.  

Lo que significa que toda persona que cometa este hecho es un delincuente común como el que asalta, estafa o roba, al que no debe prestarse nadie y consiste eninscribir la cédula con el propósito de votar en un lugar distinto al cual reside.

Siendo benévolos, el CNE seguramente por falta de tiempo no hizo las averiguaciones pertinentes y descalificó de tajo y de paso cometió una injusticia contra numerosas personas, que  si habían cambiado su lugar de residencia como lo ordena la Constitución y la Ley.

No es posible que en el Huila 30 mil personas se hubieren prestado para este crimen, por cuya razón muchísimos ciudadanos acudieron contra el tiempo a presentar sus recursos ante la Registraduría contra la citada resolución, pese a tener solo cinco días para hacerlo. No creo que haya tiempo para responderles a todos. Si no revocan la resolución ya se tiraron el proceso electoral.

No obstante en Bogotá ya les tocó reversar esa decisión, e igual disposición deberá tomar en todo el país, porque la embarraron.

Este fenómeno sí tiene alguna incidencia en algunos municipios alejados, pero pensar que en el Huila 30 mil ciudadanos hayan acudido a este procedimiento para suplantar su residencia es una locura, es una mentira o una ligereza que no se la comen sino los funcionarios que tuvieron a su cargo la decisión desde Bogotá.

Es un inmenso error que puso en peligro las elecciones del domingo, y porque no decirlo, le puso en bandeja de plata al senador Álvaro Uribe y al Centro Democrático, la principal fuerza opositora al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, los argumentos para desconocer los resultados, en caso de no salir beneficiado en las urnas.

Sin contar que Colombia está en la mira de todos los organismos nacionales e internacionales, debido al proceso de transición por aquello de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, y si en plenas elecciones salimos con estas como queda la democracia colombiana.