El “activismo” judicial de la corte constitucional

Su constante (y afortunada) intervención en la solución de problemas de toda índole, que en principio debían ser resueltos por el Congreso de la República o por la Rama Ejecutiva, nos ha generado una sensación de protección y efectivización de los derechos fundamentales. Es así como el alto tribunal inició un proceso de activación de la Carta de 1991, aplicando directamente los derechos fundamentales y creando otros mediante su jurisprudencia. De esta forma se conformó un verdadero poder creador del juez constitucional, quien ha introducido nuevos derechos ausentes del texto constitucional. Como ejemplo de este activismo tenemos infinidades de casos jurisprudenciales. Uno de ellos que aun genera polémica es el del reconocimiento de los derechos de la población homosexual. Desde el 2007, la Corte les reconoció a las parejas del mismo sexo los derechos a la seguridad social, a conformar la unión marital de hecho y a adquirir la pensión de sobrevivientes. En el año 2009, el tribunal constitucional les reconoció derechos civiles, políticos, económicos, sociales, entre otros, que se equiparan a los de las parejas heterosexuales. El debate creció luego de que en la sentencia C-577 del 2011, el alto tribunal le concedió al Congreso un plazo de dos años para que regulara lo concerniente a la unión de las parejas homosexuales, situación que como era previsible, no se dio. Actualmente está pendiente una decisión judicial  que pretende que una mujer homosexual pueda adoptar una menor, hija biológica de su pareja también homosexual. Ha trascendido que existe mayoría en la Corte para un fallo favorable a la pretensión de la tutelante. Obviamente existe mucha presión de sectores protectores de derechos de estas minorías y otros liderados por la Iglesia Católica que no acepta que se trate como familia a las parejas del mismo sexo. El asunto es tan complejo que cualquiera sea la decisión, habrá polémica. Lo único cierto es que nuevamente la Corte resolverá este problema ante la pasividad del Congreso de la República, el cual en su calidad de foro democrático debía liderar este tipo de debates.

Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho

Universidad Surcolombiana