El voto de las botas
Germán Alfonso López Daza
La propuesta del Senador Roy Barreras de restablecerles a los militares el derecho al voto, generó amplia controversia en diversos sectores. La mayoría de la clase política se mostró de acuerdo con la proposición, pues aducen que en un país en paz, los militares no pueden ser ajenos a las decisiones políticas.
El derecho al sufragio de este sector encuentra la limitante en la misma Constitución Política, que establece taxativamente que la fuerza pública no es deliberante y por lo tanto, no pueden ejercer el sufragio (artículo 219). Es decir, la iniciativa del Senador implicaría una nueva reforma constitucional, con sus ocho debates correspondientes.
El proyecto de acto legislativo se debe analizar cuidadosamente, abriendo un debate nacional para determinar si la prevención de muchos ciudadanos hacia el otorgamiento de este derecho político a la fuerza pública tiene algún asidero, o si por el contrario nuestra democracia está tan madura que ya es hora de levantar esta restricción.
El primer argumento es que en una nación en paz no tiene sentido tal limitación. Después de más de 70 años de vigencia de esta medida –bajo una violencia partidista radicalizada-, un país en paz no requeriría dicha prohibición. Según datos oficiales hacen parte de esta población, casi medio millón de personas que en la actualidad no ejercen su derecho al voto.
Si bien la cifra no es representativa frente al censo electoral actual –casi 40 millones de colombiano-, más de un político debe estar “lamiéndose los bigotes”, pues es un sector que puede ser fácilmente manipulable por su estructura piramidal.
En efecto, el principal riesgo es la clientelización del ejército y que las Plazas de Armas se conviertan en Plazas de debate político, lo cual sería sumamente grave para una democracia tan débil como la colombiana. Recuérdese que es el Senado quien decide acerca de los ascensos de los altos mandos militares.
El hecho de que en muchos países funcione perfectamente el voto de la fuerza pública, no implica que en Colombia funcionará igual, pues todos sabemos que aquí existen costumbres políticas y electorales muy particulares. (Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
