El viacrucis de los entes territoriales

Hoy en día los departamentos y municipios del país, están atravesando una profunda crisis en sus finanzas públicas, producto del recorte sistemático y progresivo que se ha venido presentando con las transferencias del Sistema General de Participaciones. Lo anterior está afectando ostensiblemente la calidad de vida de las regiones, porque las demandas sociales son cada vez mayores y los gobernadores y alcaldes se ven obligados a disminuir el apoyo gubernamental para atender dichos compromisos que se encuentran condensados en las metas y productos de los respectivos planes de desarrollo, que construyeron con sus comunidades durante los primeros seis meses del periodo constitucional que les corresponde. Algunos expertos académicos, han analizado que, en el año 2002, estas participaciones dentro del total de los ingresos corrientes de la Nación representaban el 40,6% y en el 2012, ese indicador se había reducido a un 28,37%. A la fecha, se encuentra por debajo de ese indicador. Lo preocupante es que las comunidades han empezado a exigirle a los gobiernos locales, el cumplimiento de lo prometido durante las campañas electorales.  

El debate que se plantea actualmente, es debatir la justa distribución de los recursos de los ingresos corrientes de la Nación, entre el orden central y las regiones, de acuerdo a las cargas asignadas. Los artículos 356 y 357 de la Carta Política del país, determinó la creación del Sistema General de Participaciones, con el objetivo de destinar recursos del presupuesto general de la Nación, para atender los compromisos asignados en los entes territoriales, en educación, salud, servicios públicos, agua potable, infraestructura, entre otras responsabilidades. Esto quiere decir que dichos recursos han disminuido ostensiblemente y las demandas sociales han aumentado. A la fecha no ha sido modificada la Constitución de Colombia, en ese orden. Pero desafortunamente el gobierno Nacional, se ha empecinado en disminuir ese valor. Hoy lo que se está financiando es el pago de la nómina del personal docente y administrativo de las instituciones educativas del país. Los demás programas relacionados con la calidad, formación docente, canasta educativa y construcción de la infraestructura locativa, laboratorios, entre otros, se encuentran desfinanciados. Les ha tocado asumir con recursos propios a los departamentos y municipios en muchas ocasiones, con sus exiguos ingresos, apoyar esta tarea. Además, la exclusión de los primeros mandatarios, gobernadores y alcaldes para tratar de resolver esta problemática coyuntural, el Ministerio de Educación Nacional, ha emitido la Directiva 37, para decirle a las regiones, que se les debe descontar los días no trabajados, por el paro del magisterio, creando un enfrentamiento entre los docentes y sus gobernantes, so pena de ser investigados disciplinariamente y fiscalmente.