El sistema penitenciario en crisis

Colombia carga con el estigma de imposibilidad para resolver el problema del hacinamiento penitenciario, desbordado de manera gigantesca (158.5%, según datos del INPEC), tan alarmante que los pasillos de las prisiones están llenos de presos, y en ocasiones, en ciudades como Bogotá, las autoridades han tenido que improvisar carpas para recepcionar detenidos. Situación de por sí mayúscula. Pero cabe el otro interrogante: ¿Sirve de algo llevar a prisión a una persona que viola las normas contenidas en el código penal? El primer argumento para confinar a un delincuente en prisión es su resocialización, objetivo que tampoco se consigue. Los delincuentes, y los ciudadanos incurso de delito, no temen a las prisiones, para ellos significa un cambio de escenario. Para nadie es un secreto que desde las cárceles se delinque en igual o mejores condiciones que desde las calles.

Sin duda el problema penal frente al delito no es exclusivo de Colombia. Canada, con una población inferior a la nuestra, se jacta de tener uno de los sistemas judiciales más perfectos del mundo, ha aumentado su población carcelaria en forma alarmante, 15.000 presos, para una población de 36 millones de habitantes. Nosotros, según el Inpec, contamos con una población carcelaria de 175.584 presos, para una población de 50 millones de habitantes, lo que nos indica que nuestro sistema penal es también deficiente, y nuestro orden jurídico carece de fuerza para reprimir el delito y reformar al ciudadano en internación penal.

Frente a esta situación, tendríamos que meditar si el modelo de justicia cumple su función de prevención del delito y de represión a los delincuentes, y obviamente la respuesta es negativa. También es una pregunta que se plantea a nivel mundial, incluso en esferas donde las penas son más drásticas como la cadena perpetua o la pena de muerte. En particular en Colombia una de las deficiencias de las formas represivas es la completa violación del os derechos de las personas detenidas, la pérdida de su dignidad, el marginamiento de su entorno sociocultural. No se dirige la acción correctiva en dignificar a la persona, en valorar al ser humano, en dignificar su estatus comportamental propio y de su familia.

Nuestras cárceles se caracterizan por el hacinamiento, por las pésimas condiciones de vida, por el irrespeto sistemático de los derechos de la persona, por el asueto permanente, por la carencia de perspectivas de vida, por las carencias de recreación y apropiamiento cultural en condiciones de dignidad para los internos y su núcleo familiar, lo que redunda en la pérdida del respeto a su propia personal medio social y a su familia, y entonces el internamiento se convierte en un descanso de actividades delictivas, en Status Quo, para reemprender acciones delictivas dentro o fuera de las prisiones, lo que quiere decir que el estado incuba delincuentes en sus cárceles, el 51.8 (Datos del INPEC) de los presos son reincidentes, con delitos cada vez más graves. Toca entonces seriamente analizar nuestro sistema penal, que no se cura con medidas como del jubileo, con rebajas de penas, con excarcelar personas, sino con cambiar totalmente la forma de prevenir y reprimir el delito.