El sistema interamericano de protección a los derechos humanos

En la Organización de Estados Americanos ya nadie cree; pasa de largo cuando en países como Venezuela se roban las elecciones y se suprimen las protestas sociales.  La OEA como organismo de garantía y de respeto al Pacto de San José, ya no ofrece credibilidad y lo último que se espera es su intervención oportuna frente a algúna violacion de la carta fundamental del sistema.   Lo propio puede decirse ahora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el desconocimiento que acaba de hacer Colombia a las medidas cautelares que se habían producido en el caso Petro, pueden significar el comienzo del fin del sistema.   El derecho internacional no tiene fuerza coercible y su legitimidad descansa en el respeto que los Estados promotores y suscriptores de un sistema como el interamericano tengan sobre el mismo.  Colombia no solamente fue uno de los Estados promotores para la creación de la organización, sino que por décadas habia sido el adalid en el cumplimiento de todas sus decisiones.   Se ha roto una tradición que pone en juego el futuro y la edificación de este método de cooperación internacional.

Hay un sentir unánime que las últimas administraciones de Bogotá, incluyendo la era Petro, han sido un desastre.   Pero una cosa es querer acabar con el Alcalde y otra muy distinta es de paso acabar en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.  El fin no justifica los medios.   Los argumentos que se han esbozado para no atender la solicitud de medidas cautelares son más políticos que jurídicos.   Que son meras recomendaciones, eso no es cierto,  la misma Corte Constitucional ha advertido en varias oportunidades sobre su carácter vinculante;  que  contradicen la Constitución y el Derecho interno,  tampoco es de recibo, el Pacto de San José es parte de nuestro sistema interno, fue incorporado por Ley de la República y como norma internacional nos obliga a adaptar nuestro sistema interno a sus postulados, estamos es en mora de reformar las atribuciones de la Procuraduría;   que el sistema es subsidiario y que  el Alcalde tenía acciones contenciosas de nulidad que no ha impetrado, contestamos que se trata de medidas cautelares, que no se oponen con el ejercicio de otras acciones;   que  aceptar las medidas implicaría desatender  nuestros jueces internos que se pronunciaron sobre el tema para acatar funcionarios extranjeros,  pero nuestros jueces actuaron examinando si se violaban derechos fundamentales, por vía de tutela  y  las medidas cautelares, en nada los desautorizan.

En nuestra opinión, se tomó una decisión política con relación a un Alcalde y su movimiento político desprestigiado y castigado en las pasadas elecciones, con argumentos aparentemente jurídicos y al parecer con la aceptación general de la ciudadanía cansada del desgobierno en la capital.   Queda fuera el Alcalde, pero también en jaque mate el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos.