El Quimbo: neocolonialismo puro

Cuando, en múltiples oportunidades, desde la izquierda democrática, hemos señalado que el obstáculo principal para el desarrollo económico y social, independiente y soberano de Colombia es la dominación imperialista, no nos rebajan el remoquete de ‘mamertos’. La modernidad, nos enrostran los contradictores supercivilizados y superchéveres, debe empezar por superar ese tipo de arcaísmos heredados de la ‘guerra fría’. Nos restriegan que vivimos en la época de la globalización donde el multilateralismo –en lugar del hegemonismo de unas pocas potencias–, es la norma. Ojalá, fuese cierto tanta belleza. La realidad, monda y lironda, es que el unanimismo del ‘libre comercio’, el neoliberalismo rampante, campea sin competencia alguna. Las normas que regulan las relaciones económicas en el mundo globalizado, son las que benefician y sirven a los grandes capitales trasnacionales, enmascarados en unos pocos miles de grandes sociedades anónimas, representadas en acciones, bonos e intrincados ‘derivados financieros’, que se transan en las bolsas de valores del mundo. Así, manipulan y controlan ramas enteras de la producción, la energía, los servicios, el comercio, el transporte, las comunicaciones, etc. Esas normas monopólicas, universalizadas, ahogan países enteros, especialmente los más débiles, como el nuestro. Colombia, lleva aplicándolos un poco más de 20 años, desde que las normas económicas neoliberales insertadas en la Constitución del 91, les abrieron la puerta a los dogmas de hierro de la desregulación y las privatizaciones. Una de las áreas donde la regulación neoliberal ha profundizado más sus garras es el sector de la energía. Hoy puede decirse que es tal vez el más desnacionalizado; solo les falta vender Isagén y terminar de clavarle las garras a las Empresas Públicas de Medellín, para que cualquier vestigio de capital nacional y especialmente público, desaparezca. Las consecuencias son tremendas. Solo reseñemos que la regulación tarifaria es de las más retardatarias de América, tanto que las tarifas las imponen las empresas monopólicas de generación, transmisión, comercialización y distribución de energía, quedando como convalidadores de esas políticas, la Creg, comisión de regulación, los ministerios y las agencias estatales tipo Anla de licencias ambientales.

Con semejante andamiaje, montado sobre un entramado jurídico donde prevalece el interés del monopolio y el gran capital, especialmente extranjero, ¿alguien duda de al servicio de quién está el gobierno colombiano? ¿Se extrañaría alguna persona de que la Anla, en el caso de El Quimbo, favorezca siempre y de manera monótona a Emgesa? Solo un gobernador despistado como el de nuestra región, se muestra indignado porque lo asaltaron en su buena fe; o unos gremios acostumbrados a la genuflexión frente a los poderes nacionales se declaran engañados por la multinacional; o un director ambiental de quinta categoría, que no entiende nada que no sea manipular contratos de menor valía para favorecer a su jefe político, se sorprende de que lo notifiquen por whatsapp de las decisiones de los que mandan.

Los huilenses, desde cuando el mayordomo de la época, Álvaro Uribe Vélez, nos espetó que ‘el Quimbo iba porque iba’, estamos notificados de que nuestro territorio ha sido segregado –con batallón del ejército incluido– por exigencia de los amos del gran capital financiero parasitario: ¡el imperialismo! Lo demás son payasadas.