El Quimbo, un caso controvertido

No lo afirmamos porque una compañía extranjera hiciera una presa en el Huila. No, sería injusto justificar la displicencia de esta manera, pues la multinacional hizo su trabajo con el aval de las instituciones del Estado colombiano.

Lo molesto de todo este proceso es que se vulneraron derechos fundamentales y cuando los paisanos acudieron a la justicia para hacer valerlos, en primera y segunda instancia en la jurisdicción departamental no les dieron la razón. Sin embargo, la Corte Constitucional (sentencia T-135 de 2013) y el Consejo de Estado terminaron dándole la razón a los damnificados.

Tal vez Emgesa le perdió el respeto al Tribunal Administrativo del Huila, al desacatar la orden que le impartió de no iniciar producción de energía hasta tanto no se sanearan los daños causados. La compañía europea terminó obviando esta decisión amparada en un Decreto Presidencial que ordenó la producción de energía, sin importarle el antecedente del Tribunal. En otras palabras, hubo un evidente y desafortunado choque de trenes.

Este choque entre los órganos del poder terminó generando en los órganos judiciales a nivel nacional una prevención con el Ejecutivo, a tal punto que la Corte Constitucional ahora nulitó el Decreto 1979 expedido por el presidente, con el que se habilitó el inicio de la producción de energía. En otras palabras, el alto tribunal le dijo no a la decisión presidencial.

¿Hasta cuándo tendremos que seguir escuchando razones de las partes sobre la producción de energía? El país no puede seguir viendo cómo el primer mandatario toma una decisión (aparentemente sin una base jurídica) y decide ordenar producción de energía, y días después la Corte dice: eso no se puede hacer.

Advirtió la Corporación judicial que este Decreto carece de congruencia externa e interna pues prácticamente invade las competencias al usarse para suspender los efectos de providencias judiciales.

De modo que hoy vemos cómo quienes finalmente amparan a los huilenses no son propiamente las instituciones regionales, sino las corporaciones judiciales de Bogotá. Lamentable, pero las grandes decisiones de la justicia han venido de la ciudad capitalina y no de la jurisdicción del Huila.