El poder intocable
Germán Alfonso López Daza
En los siglos XVIII y XIX, los reyes absolutos en Europa y los gobernantes totalitarios concentraban todo el poder en sus manos y gozaban de impunidad penal y de irresponsabilidad política. Sin embargo, a medida que el proceso de democratización avanzaba, surgió la responsabilidad penal y la responsabilidad política de los gobernantes, pero enmarcados en privilegios para ser procesados, con el fin de evitar conmociones políticas y arbitrariedades en el juzgamiento.
En el siglo XXI, en los Estados contemporáneos, esta forma de juzgamiento ha venido cambiando debido a la gran responsabilidad que implican las funciones de los altos dignatarios.
En el caso colombiano, con la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional del recién creado “Tribunal de aforados”, volvimos a un sistema de juzgamiento de altos funcionarios que ha demostrado hasta la saciedad que es inservible para la realidad del país. Dejar que la clase política juzgue a los altos dignatarios, es dejar que los intereses personales, burocráticos y partidistas sean los que definan las suerte del servidor público procesado.
La inexequibilidad decretada por la Corte Constitucional, hizo resucitar el cadáver putrefacto de la Comisión de Acusaciones y con ello volver a un sistema ineficaz e ineficiente.
Este fallo refleja una Corte Constitucional que quiere preservar un “statu quo judicial”, bajo el argumento del menoscabo a la independencia de los altos magistrados.
Es inconcebible el argumento de la Corte para tumbar el Acto legislativo: “…los altos magistrados y el Fiscal General solo pueden ser investigados y acusados por congresistas, y que estos no solo pueden tener en cuenta las pruebas del caso, sino valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común”.
En otras palabras, el Congreso es el único que debe investigarlos pues sus intereses, al ser de índole político, estarían en disposición para absolver –como ha ocurrido- con valoraciones ajenas a la búsqueda de la justicia. Como diría Condorito: ¡Plop! (Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
