El origen del patrimonio de los servidores públicos

A escrutinio de la luz pública se dieron a conocer las declaraciones de renta de los Magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de verificar posibles bienes de dudoso origen. De este listado se observa que de lejos, quien tiene el patrimonio más alto es el mismo Magistrado que está en el ojo del huracán, Jorge Pretelt, con más de 3 mil millones de pesos.

Sobre este particular es posible hacer algunos comentarios. En primer lugar, la DECLARACIÓN DE RENTA no refleja la realidad patrimonial de un ciudadano. Los contadores y abogados saben que el sistema legal permite muchas maniobras para presentar una declaración de renta con menos bienes de los que en realidad se tiene. Es decir, en muchos casos lo que se declara no corresponde a la realidad.

En segundo lugar, uno se pregunta cómo con un salario de magistrado o de otro tipo servidor de la función pública, se puede llegar a tener un patrimonio similar al de un narcotraficante.

Otro cuestionamiento es el de los candidatos a cargos de elección popular (alcaldía, gobernación, cámara, senado, etc.), quienes invierten multimillonarios recursos en una campaña política, los cuales no corresponden a la sumatoria de todos los sueldos de su respectivo periodo (4 años), y al final de su mandato, tienen lujosas mansiones, autos de alta gama, fincas y semovientes, todos declarados ante la Dian. Nadie, ni el mismo Estado, cuestionan el origen de estos bienes. Obviamente la justificación del político será el aporte bondadoso y desinteresado de particulares que creen que el candidato es una mente brillante o un filántropo humanista que llegó a este mundo para cambiarlo.

En tercer lugar, cuestiono el célebre FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS creado por la Ley 190 de 1995 para combatir la corrupción, que anual y obligatoriamente deben presentar quienes tienen alguna vinculación con el Estado, el cual considero una declaración inútil, pues con tantos casos de corrupción que han ocurrido en 20 años, este no ha servido para detectarlos.

Mientras no exista un cambio de mentalidad de respeto por lo público, así se apruebe una ley para ángeles, siempre se buscará la forma de hacerle la trampa a la norma.

*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho  - Universidad Surcolombiana.