El origen

Con cierto optimismo, ese mismo con el que lánguidamente retomamos energías en medio de las incertidumbres del lentísimo y poco claro proceso de paz con las FARC, se recibió la noticia del inicio de negociaciones con el ELN.

Ojalá en su desarrollo no se cometan los mismos errores en los que se incurrió en el que está en curso y podamos los colombianos, en muy poco tiempo, conocer buenas noticias en cuanto a cese de hostilidades, dejación de armas, reconocimiento a las víctimas e incorporación a la vida civil.

La “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”, como punto inicial a desarrollar, obliga a aguardar con esperanza un mejor proceso de negociación. Sin embargo, preocupa ya que no hay fecha exacta ni de inicio ni de posible fin, al tiempo que nada se ha dicho acerca de si esos extremos penden de los diálogos de la Habana. Estratégicamente, el nuevo negociador querrá partir de mínimos que seguramente estarán en Cuba y eso dilatará necesariamente el último proceso.

Pero al margen de todo lo anterior, que es sin duda un enorme logro de éste Gobierno, hay que decir que esta semana quedó demostrado que el problema de orden público en nuestro país, antes que la subversión, es asunto de seguridad y falta de autoridad del Gobierno en todo el territorio nacional.

En más que preocupante –y desde fuera insólito- que grupos delincuenciales hayan restringido el sagrado derecho al tránsito, paralizaran el transporte y lo peor, dirijan acciones deliberadas y remuneradas para asesinar a miembros de la fuerza pública, como ocurría hace muchos años con los capos del narcotráfico y se vivió una verdadera época de zozobra.

Lo peor es que, si bien, con los grupos subversivos, el discurso –que no es más que eso- de cambio social, por los menos los obliga –para preservar su fachada- a sentarse a negociar con el poder legítimo; en cambio, con tales grupos delincuenciales no hay forma ni de negociar ni de propiciar acuerdos para con actos completamente delictivos.

Creo entonces que el verdadero origen del conflicto colombiano -y que según he leído, dio lugar a las guerrillas en la década de los 60 del siglo anterior-, es el de la falta de presencia del Estado y de sus autoridades en diferentes latitudes, cuyos habitantes, necesitados de justicia, la asumen por propia mano o se “organizan” para combatir lo que llaman injusticias. Ese escenario está creciendo de nuevo en el país, tanto en lo rural como en lo urbano y de no tratarse, será incontenible.