El negocio de la magistratura
En un país donde no hay justicia hay venganza. Por eso diariamente vemos asesinatos, ciudadanos que no creen que en esta Nación sea posible arreglar los asuntos razonablemente.
Todo lo anterior es contrario al Estado Social de Derecho que se predica en la Constitución Política. Como también es injusto que pocos se beneficien del esfuerzo de muchos.
En este sentido, vemos que los altos sueldos de magistrados pasaron de ser comentarios de café a noticias desalentadoras. Pero eso no es todo, lo lamentable es que algunos de los que llegan a ostentar esta dignidad enlodan el buen nombre de esta corporación.
El caso del magistrado Pretelt es un fiel exponente de esta situación. Le han pedido que renuncie, le han analizado su patrimonio y en la opinión pública ha quedado la duda de si es o no corrupto.
Lo mismo sucede con otros magistrados que han sido cuestionados por sus conductas a la hora de decidir en procesos. ¿Pero por qué es tan apetecido cualquier cargo de magistrado?
Lo primero que hay que decir es que profesionalmente significa la cúspide de una carrera profesional inclinada en el Derecho, por otro lado, están los voluminosos sueldos que superan los 16 millones de pesos. Aunado a esta situación está el hecho de que es una dignidad que facilita pasar a otros altos cargos y acomodar una buena pensión.
Por otro lado, los beneficios son posteriores al término de su periodo. Por ejemplo, un ex magistrado puede cobrar hasta $51 millones por preparar y orientar escritos dentro de un proceso de la Corte Constitucional; unos $154 millones cobran por la elaboración de un proyecto de Ley; elaboración de un proyecto decreto $50 millones; o una asesoría en diseño de estrategia se estima en $150 millones.
Todos los beneficios que da una corporación como la Corte Constitucional no se compadecen con los resultados de la justicia. Como ya lo hemos advertido en este editorial el aparato judicial es uno de los más desprestigiados, precisamente porque es lento y porque son muy frecuentes los escándalos por negocios de sus magistrados.
Si la justicia sigue estando al servicio de ‘un arancel judicial’ y no a la orden de la gran cantidad de interesados, seguiremos viendo una ciudadanía impotente y vengativa que hará lo que sea por hacer justicia por su propia mano.
