El narco estado

El día 4 de Septiembre, el magnífico nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez (no se parece en nada al anterior) en oficio al Ministro de Justicia manifestó su convicción de que el auge del narcotráfico (aproximadamente 200.000 hectáreas de cultivos ilegales) era una amenaza para la paz y que se debería reiniciar de inmediato la fumigación aérea con glufosinato de amonio (usado en 182 países) ya experimentado por la Policía Nacional, para lo cual pedía se convocara de inmediato al Consejo Nacional de Estupefacientes como máxima autoridad en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, para tomar las medidas pertinentes. De igual manera, criticó el bajísimo rendimiento de la erradicación manual de los mismos, por las protestas de los campesinos junto a las minas antipersonas y a los ataques de los grupos armados ilegales. De inmediato, el Ministro de Justicia le declaró al diario El Tiempo que ese tema se debería trabajar “con un enfoque integral y territorial en donde se diseñen y se establezcan diferentes estrategias”, y que en su concepto, “la firma de la Paz con las FARC permitirá precisamente ese enfoque”. A su vez, el Ministro de Salud expresó en un comunicado que “todas las razones para la prohibición de aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes”. 

Pero si quedaba alguna duda sobre la posición del gobierno de Santos sobre la fumigación de los cultivos ilícitos, éste descartó de plano el regreso de la aspersión aérea durante la instalación del Foro de Biodiversidad realizado esta semana en la ciudad de Bogotá, en el cual justificó su decisión en estos términos: “los acuerdos de paz con las FARC definieron estrategias que, sin retomar la aspersión aérea se enfocan en acabar con las plantaciones ilegales”.

En el punto 4.1.3. del acuerdo se lee: ”el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito promoverá la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo en el marco de la Reforma Rural Integral diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas – hombres y mujeres“. De igual manera, el gobierno nacional renuncia al ejercicio de la acción penal y a la extinción del dominio contra los agricultores vinculados a los cultivos ilícitos, cuando al término de dos años manifiesten ante las autoridades “su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito”. En consecuencia, no se podrá desarrollar ninguna sanción contra ninguno de los agricultores de cultivos ilícitos, así sean o no convencidos de la sustitución de cultivos.  ¡!Viva la impunidad. !!