El Huila no tendrá zonas veredales ni campamentos de desmovilización

Llegó la hora de la paz

Llegó la hora de la paz, que en realidad no va a ser “la hora”, sino van a ser muchísimas las horas que tendremos que esperar hasta que los colombianos todos decidamos vivir respetando el derecho de los demás, que es el sinónimo de una paz duradera.

La violencia política que ha tenido tantas expresiones a lo largo de más de cincuenta años, “hunde sus raíces en asuntos estructurales, como la estrechez de nuestra cultura política, la institucionalidad rentística imperante, el matrimonio entre política y violencia, y las relaciones extorsivas entre el centro político y las regiones”. (Fundación Ideas para la Paz).

Y lo ocurrido a lo largo de todos esos años de confrontación armada es que la atención y una parte muy importante de los recursos del Estado se orientaron a resolver o manejar los problemas del conflicto mientras que las políticas sociales, económicas y de buen gobierno se quedaron relegadas a una segunda o tercera prioridad.

El Huila ha sido un departamento duramente azotado por el conflicto. La presencia de las FARC en el Huila y el Caquetá se inició con la ejecución de las directrices de la primera conferencia de ese grupo ilegal realizada en 1964 y se reforzó con la cuarta conferencia de “El Pato” en 1971, “donde se definieron los primeros núcleos de expansión: el oriente del Huila, colindante con las regiones de los ríos Duda, Ariari y Guayabero en el Meta, El Pato en el Caquetá y el occidente del Huila, colindante con Riochiquito en Cauca y Marquetalia en Tolima.”

El Estado para acabar con el naciente grupo guerrillero respondió con duras intervenciones militares. La primera fue en la región de El Pato con la operación “Marcha Negra” o “Marcha de la Muerte” entre 1965 y 1966, que generó el desplazamiento de 200 familias de campesinos y colonos hacia la selva, quienes regresarían ocho años después, en el marco de la “Operación Retorno” adelantada por el ejército y los gobiernos nacional y local.

Después, en la década de los años 80, sobrevino el exterminio de la Unión Patriótica (UP), a cargo de grupos paramilitares con apoyo de las FF.MM. Esta matanza sistemática debilitó al movimiento político social en el territorio y, paradójicamente, generó el fortalecimiento de las FARC, que iniciaron la conformación de los Bloques Sur y Oriental y el Comando Central Conjunto de Occidente, agudizando el conflicto armado entre las guerrillas de las FARC y las Fuerzas Armadas, así como hostigamientos efectuados por el Ejército a la población civil a la que acusaba de auxiliadora de la guerrilla, sobre todo, en el municipio de Colombia, Huila.

Un grave acontecimiento para la región fue el asesinato perpetrado por las FARC en 1996 de Jesús Ángel González Arias, gobernador en ejercicio del Caquetá, quien se disponía a cumplirle una cita a las FARC con el propósito de negociar la liberación del congresista Rodrigo Turbay Cote.

En medio de la escalada del conflicto, el presidente Andrés Pastrana ilusionó a los colombianos con el inicio de unas negociaciones de paz con las FARC y ordenó en 1999 establecer la “zona de distensión”, que comprendía 42.000 km² de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá, y que la guerrilla aprovechó para consolidar su dominio en el territorio. Los grupos paramilitares también justificaron su expansión en la región por la retirada de las FF.MM.

Durante estos años las Fuerzas Armadas recibieron el mayor apoyo para la profesionalización y la adquisición de helicópteros, aeronaves y armamento pesado. Pero las negociaciones resultaron fallidas y se incrementó el deterioro de la seguridad y del orden público. Mientras, por una parte, se mantenía la zona de distensión y se trataban de adelantar los diálogos de paz con las FARC, por otra, los paramilitares llegaron al Huila y al Caquetá a crear los frentes adscritos al Bloque Central Bolívar e incrementaron su accionar como una estrategia para impedir los diálogos de paz y lograr el control paramilitar sobre la zona.

Los hechos violentos más significativos ocurridos durante el proceso de diálogos del Caguán fueron: el 29 de diciembre del 2000, el asesinato de la familia Turbay Cote, en un retén instalado por las FARC entre el municipio de El Doncello y Puerto Rico; el 26 de julio de 2001: asalto a un edificio en Neiva con el secuestro de los dos hijos del senador Jaime Lozada, de su esposa, Gloria Polanco y de doce vecinos más; el 28 de agosto de 2001 secuestro del congresista Orlando Beltrán Cuéllar; el 10 de septiembre de 2001: secuestro de la congresista Consuelo González de Perdomo; el 20 de febrero de 2002: Guerrilleros obligan al piloto de un avión a aterrizar en una carretera del Huila y secuestran a tres ocupantes, entre ellos el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay; el 23 de febrero de 2002: los secuestros de la precandidata presidencial Ingrid Betancur y su asesora Clara Rojas. Los dos últimos hechos ocasionaron la ruptura de los diálogos de paz en el 2002.

Para ese mismo año, los paramilitares consolidaron su presencia en el suroccidente del país, en algunos casos, con la colaboración de agentes del Estado e incrementaron los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, las masacres, los desplazamientos y las amenazas sobre la población civil del Huila, cuyos municipios más afectados fueron Gigante, Pitalito, Garzón, Neiva, Colombia, Baraya, Hobo, La Argentina, La Plata e Isnos, y en el Caquetá en Belén de los Andaquíes, Paujil, Puerto Rico, El Doncello y Florencia (PNUD, 2010).

Es de observar que los paramilitares no lograron consolidarse en el Huila, en parte, porque no contaron con el apoyo de los terratenientes, contrario a lo que sucedió en el Caquetá, donde los apoyaron y su accionar fue más violento, hasta el año 2006 cuando el Bloque Central Bolívar de las AUC se desmovilizó y la guerrilla de las FARC volvió a retomar el control territorial.

Debido al recrudecimiento del conflicto y con la mala experiencia de la zona de despeje, los colombianos eligieron como presidente a Álvaro Uribe Vélez, que proponía una solución militar al conflicto que se denominó “Seguridad Democrática”.

En los municipios que sirvieron de escenario para los diálogos del Caguán y circunvecinos, se implementó el “Plan Patriota” y el “Plan Consolidación” con los que se buscó desarticular las estructuras de las FARC y fortalecer la presencia estatal en zonas rurales, a través de una amplia militarización de la zona.

Con la idea de mostrar a la opinión pública los resultados de la estrategia militar, se empezaron a presentar ejecuciones extrajudiciales y capturas masivas por parte de las fuerzas militares, especialmente en territorios de fuerte dominio de las FARC.

En el caso de Algeciras, en el año 2004 se realizaron dos operaciones militares: “Aurora” y “Reflejo” con las que se pretendió capturar a más de 200 “auxiliadores” de las FARC que el entonces comandante de la Fuerza de Tarea, afirmó vivían en este municipio. El aumento del pie de fuerza militar en la región llevó a mejorar la percepción de seguridad, sobre todo en las cabeceras municipales, pero también llevó a un cambio en la estrategia de combate de las FARC que cambió grandes atentados y secuestros por hostigamientos más localizados y por la extorsión.

Ha sido un largo y doloroso camino el que hemos tenido que recorrer para llegar a este cese bilateral del fuego. Pero ninguna negociación, por exitosa que sea, traerá por sí sola la paz a nuestro país.

Desde ahora todos los ciudadanos y sectores sociales debemos empezar a entender que el posconflicto no es un proceso de años, sino de décadas. No sabemos si por fortuna o no, al departamento del Huila no le correspondió ceder parte de su territorio para la instalación de las zonas veredales o de campamentos en el proceso de concentración de combatientes de las FARC-EP.

Según estipula el documento del fin del conflicto, los cerca de 8.000 combatientes de las Farc serán concentrados en 23 zonas de Colombiapara su progresiva reintegración a la sociedad. Los municipios ya se establecieron, el Gobierno ya notificó a los alcaldes donde se instalarán las 23 zonas de concentración,y ellos ya conocen los planes de desarrollo y enfoque territorial de las mismas.

A muy buena hora, en la posesión del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil Dr. Juan Carlos Galindo Vácha, éste anunció que se llegará a todos esos municipios porque la Registraduría está lista para trabajar en la logística sobre cualquiera que sea el mecanismo que refrende los acuerdos de paz: “En caso dado que se llegara a aprobar el plebiscito y la firma del acuerdo con las Farc, debo asegurar que esta será la Registraduría para la paz”.

Sin nuestro decidido apoyo al SI del Plebiscito y sin un gran sentimiento mayoritario por la paz, así sea imperfecta, respetando a los opositores - que en algunas cosas pueden tener razón - el logro de esa paz duradera que anhelamos será una tarea imposible y, en poco tiempo, ese anhelo se puede convertir en una gran frustración.