El gran poder de la fiscalía

Derecho, Política y Sociedad

La reciente detención del hermano del ex presidente Uribe – dentro de un proceso penal abierto en su contra hace más de 20 años-, lleva a analizar sobre la función e independencia de la Fiscalía General de la Nación, ante las graves acusaciones que le han endilgado como el de actuar bajo presiones o acuerdos con el mismo Presidente de la República.

La Fiscalía General de la Nación es un poderosísimo órgano, que si bien pertenece a la Rama Judicial, guarda una amplia autonomía administrativa, presupuestal y funcional. Su cabeza, el Fiscal General de la Nación, es junto al Presidente de la República, uno de los funcionarios más poderosos del Estado colombiano debido al gran poder que la Constitución le ha otorgado: la privación de la libertad a una persona. Su cercanía con el ejecutivo se debe a que precisamente es el Presidente quien lo terna y  la Corte Suprema de Justicia quien lo elije.

Hace 22 años el entonces Fiscal General Gustavo de Greiff afirmó que la Fiscalía no cuenta con mayores controles, admitiendo que se abusa con la expedición de autos de detención e incluso, instó a la Procuraduría a ejercer una supervigilancia estricta en los procesos. Hoy día parece que nada ha cambiado pues desde la misma creación de este gran aparato estatal, el viejo dicho de que “un auto de detención no se le niega a nadie” parece seguir aplicándose.

Si una persona es detenida y llevada a prisión preventivamente, es decir sin que haya aún en su contra una condena por el delito supuestamente cometido, puede ocurrir que se le juzgue y se le condene a pagar su pena, o, también puede suceder que el juez considere que la persona no tiene porqué continuar en prisión y ordena su liberación, caso en el cual el ciudadano tiene el camino allanado para demandar al Estado por detención injusta de la libertad, buscando una reparación del daño causado que obviamente pagamos todos los contribuyentes.

La ciudadanía solo espera que las actuaciones de la Fiscalía sean independientes y fundadas en valoraciones objetivas de pruebas legalmente aportadas, evitando así que continúe el gran desangre por demandas contra el Estado. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).