Opinión/ Creado el: 2014-10-04 10:58
El fiscal y las altas cortes
Después de toda la controversia que se ha suscitado con ocasión del Tribunal de Aforados y la eliminación que no se ha puesto en duda de la Comisión de Acusaciones del Congreso de la Repùblica,
que durante el ejercicio de sus funciones nos demostró al país la inoperancia del mismo y la falta de compromiso de los políticos de turno y la manera desprestigiada que se cierne en torno a dicha institución de la República, no podemos más que sentir un alivio con la posibilidad de la remoción, siempre y cuando, ello vaya acompañado de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Es que luego de profundizar un poco en el manejo institucional de la Administración de Justicia, tenemos que concluir tras los escándalos que se han evidenciado en el seno de sus instituciones, que nuestro país de la democracia perdió el rumbo de un cambio, de una renovación, de una modificación en las estructuras internas que hagan posible o al menos que permitan tener la certeza de que en algunos años, la Justicia en Colombia, ha de superar el marasmo, la falta de credibilidad que aumenta día a día, y el desprestigio que la acompaña.
Todo ello, hoy en día se ve salpicado con la actitud del señor Fiscal y de las Altas Cortes, en reprochar la iniciativa de lo que ha de ser el Tribunal de Aforados, o institución que se encargue de liderar el proceso de investigación de todos los funcionarios públicos que hoy en día, deben ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, e incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Esta oposición que surge con la convocatoria a una gran marcha popular, que tiene ribetes de imposición de criterios y de voluntades, termina por ser una forma de combatir el proyecto de “equilibrio de poderes”, para demostrarnos que es muy difícil dar un paso tan trascendente en esta reforma institucional, que los resabios de las élites políticas, ante la imposibilidad de asumir su propia posición de rechazo a las mismas, pone en ese papel, a los funcionarios que podrían ser destinatarios de dicho proceso histórico.
El país no puede desconocer que la impunidad, el crimen y el delito, crecen en forma tal, que como lo ha pregonado el mismo Ministro de Defensa, se termina por hacer justicia por la propia mano, ante la forma desvergonzada de actuar de los funcionarios encargados de direccionar la Justicia en nuestro país.
Colombia no tiene retorno, mientras haya una organización que maneja las instituciones del Estado, especialmente en la Justicia, con los mismos argumentos de la clase política, de la politiquería y de la corrupción en todos sus niveles, es imposible encontrar el camino, o la senda que nos permita soñar con la pacificación nacional, es decir, que la Paz, se convierte en un imposible.
Finalmente consideramos que la urgencia y la necesidad de establecer ese Tribunal de aforados, con la consiguiente eliminación de la Comisión de Acusaciones y del Consejo Superior de la Judicatura, no podrán darse en la medida en la que las fuerzas estudiantiles, las academias del Derecho y los mismos funcionarios judiciales, no asuman un papel trascendente y de importancia en la discusión y en el manejo de las organizaciones que visibilicen la presencia de los ciudadanos en este proceso histórico, por cuanto de lo contrario, todo no será más que un proceso de mermelada corrupta que ha de terminar en el completo fracaso.
