El Estado y la prevención de desastres

Colombia es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales y la historia se ha encargado de demostrarlo. Tragedias como las de Armero en 1985, Villatina en Medellín en 1987, las repetidas inundaciones que deben sufrir poblaciones ribereñas y la nueva catástrofe en Mocoa, llevan a reflexionar sobre el papel del Estado en la prevención de desastres y sobre la eficacia de sus acciones.

Es bien sabido que existe una responsabilidad de las autoridades municipales en la prevención y atención de catástrofes naturales y en el deber de reubicación, en el caso de hogares situados en zonas de alto riesgo que infortunadamente pululan a lo largo y ancho del país.

Si bien es cierto que los primeros llamados a prevenir los desastres son los mismos ciudadanos (evitando construir a las orillas de los ríos por ejemplo), es el Estado quien debe realizar los estudios técnicos respectivos para impedir que se invada la ronda de los ríos o se construya en terrenos inseguros, exponiendo a sus habitantes a una amenaza extraordinaria que compromete su derecho fundamental a la seguridad personal e incluso a la vida.

Muchas zonas del departamento del Huila están ubicadas en áreas de latente peligro. La reciente tragedia de Campoalegre y las emergencias invernales en todo el departamento del Huila son muestra de ello. Pequeños ríos o riachuelos que aparentemente son inofensivos, en época de lluvias, se convierten en avalanchas de lodo y piedra que destruyen todo a su paso. El adagio popular que dice que “los ríos en algún momento retoman su cauce original” se vuelve real.

En el caso de Neiva, muchos sectores podrían estar en riesgo. Las construcciones a lo largo de los ríos Las Ceibas, del Oro y Magdalena podrían repetir lo ocurrido en Mocoa, en donde el paso de varios ríos por la ciudad originó la avalancha que arrasó con casas y vehículos, segando la vida de más de un centenar de personas.

Lo anterior lleva a plantear un interrogante: ¿Neiva está preparada para agrestes inviernos propios del actual cambio climático que inexorablemente va a agudizarse en las próximas décadas? El Gobierno municipal debe responder.  (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).