El Estado debe asumir la responsabilidad

La demanda interpuesta ante la Fiscalía por la Red de Veedurías Ciudadanas, debe traer implícita la responsabilidad por las muertes por desnutrición que no solo se han registrado en La Guajira sino también en Córdoba, Magdalena, Risaralda, Meta, Nariño, Santa Marta, Guaviare, Sucre, Huila, Bogotá, Cauca, Vichada y Casanare.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres de familia? ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad del Estado? ¿Cuál debe ser el papel del ICBF?

Solo basta recorrer las calles de Neiva y observar los niños indígenas sentados en los andenes pidiendo limosna junto a sus madres, para preguntarse: ¿Qué está haciendo el ICBF?

Es importante llamar la atención a la sociedad porque la muerte de estos pequeños no debe significar un dolor solamente para las familias sino también para todo el país.

Tanto se habla en Colombia sobre la protección de los derechos de los menores de edad, que han sido plasmados en la Constitución y en diversas leyes, incluso se expidió un Código de infancia, para no permitir que se vulneren, no obstante, la realidad da muestras que no solo los atropellan sino que se llega al hecho de que su omisión acaba con la vida de los infantes.

Esto es inamisible en un Estado social de derecho donde los ciudadanos son los que deben tener las mayores garantías para la vida, para proteger su integridad. Y es por ello que el aparato judicial debe actuar de manera pronta y expedita para determinar los responsables, porque no es posible que en un país con tantos recursos, los niños se mueran hambre.

Hay que llamar la atención también de las demás autoridades competentes, tales como la Contraloría y Procuraduría, pues su obligación es vigilar la conducta de los funcionarios estatales que tienen la responsabilidad de velar por los derechos de los niños colombianos, que están muriendo por falta de alimentos.