El desacato de Emgesa

Hace mucho tiempo lo hemos venido sosteniendo para pregonar a los cuatro vientos que el proyecto Hidroeléctrico el QUIMBO, bajo la administración de la multinacional EMGESA S. A. E. S. P., se ha constituido en una pequeña república independiente, sin Dios ni Ley.

Eso es suficiente para explicarnos que frente a las normas de derecho, que como imperativos categóricos deben ser la premisa de una sociedad que se precia de la defensa de aquellos y del reconocimiento de ciudadanía como eje fundamental del ser humano, con dignidad, con respeto, con tolerancia y con participación comunitaria, son desconocidas y vulneradas, según los intereses y las conveniencias a las que se enfrenta dicha empresa en un enriquecimiento autorizado por el gobierno de turno.

En el caso de éste Proyecto, todo ha sido trastocado, y no hay dolientes. Ni las mismas comunidades han entendido la dimensión del daño histórico que se ha producido en nuestro medio ambiente, en la sociedad misma y la forma como se ha degradado la Administración de Justicia, por la defensa de unos intereses que en nada han de contribuir con el desarrollo y la defensa de nuestras instituciones.

Obsérvese como se adelantaron muchas acciones de tutela contra la multinacional, toda ellas, casi que sin excepción fueron falladas en favor de ésta empresa, siguiendo derroteros equivocados y casi que la orden impartida para que así sucediera en favor de aquellos y en medio de controversias sobre la competencia funcional, territorial de sus jueces y solo cuando unas pocas fueron seleccionadas en ese mundo fantasmagórico de la Corte Constitucional para revisión de algunas sentencias que se acumularon en un solo fallo, se profirió la Sentencia T-135 del 2013, en la cual se ordenó incluir en los censos realizados a una serie de ciudadanos que fueron afectados en sus derechos fundamentales por dicha obra y a la vez, se ordenó complementar los mismos con censos complementarios.

Que podemos decir, en el caso de tantos otros que no tuvieron la fortuna de ser objeto de dicha revisión y en cuyos casos, no era procedente volver a intentar el amparo constitucional, y a quienes con la orden de un nuevo censo, se les negó sistemáticamente el derecho y los jueces no comprendieron la verdadera magnitud del precedente constitucional que se enmarcaba en dicha sentencia, hasta el punto de que convalidaron el desconocimiento que hizo EMGESA S. A. E. S. P., de los censos anteriores y en una posición de tinterillos, llegaron a afirmar, conjuntamente con ciertos jueces, que la Corte Constitucional había ordenado hacer de nuevo ese censo, lo cual no era cierto.

Hoy en día siguen adelante los atropellos y la violación permanente de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos, grandes damnificados de ésta obra en la que la dirigencia política regional, convalidó a expensas del sacrificio de nuestras tierras y de nuestras comunidades. Todo ello haciendo parte de un juego siniestro donde corrupción, politiquería y malos manejos por parte de nuestros dirigentes, se han unido para facilitar esta situación que nos afecta a todos, pero que queremos disfrazar con un falso desarrollo social y económico de la región, con falsos patrones de comportamiento según los beneficios transitorios que podamos recibir, pero que en el devenir histórico, podemos llegar a dimensionar en su verdadero sentido, en su verdadera y triste realidad.

Por todo ello, por el silencio de nuestros dirigentes, por la inercia de nuestras comunidades, por la ineficacia de las políticas judiciales y por la falta de coherencia en esas decisiones, es que tenemos que enfrentar y entender el desacato de que da cuenta nuestra historia regional.