El Cálculo Político-Matemático

El Comité Interamericano de Derechos Humanos (“CIDH”), en sorprendente velocidad y diligencia, sacó de la manga una amañada y pre-arreglada resolución donde se indicaba que se debía suspender de manera provisional la decisión de la Procuraduría Colombiana de destitución e inhabilidad del Alcalde Gustavo Petro, so pretexto de que ella vulneraba sus derechos políticos y de que dicha suspensión provisional era la única manera de garantizárselos. El Gobierno realmente pecó desde un principio al tomar la decisión de no cuestionar de manera inmediata la intervención de la CIDH, pensando que podía hacerle el quite a la decisión institucional que finalmente se vio obligado a hacer. El problema por lo tanto creció y no pudo el Presidente hacer “la verónica”, en su mejor estilo, de no tomar decisiones o tomándolas complaciendo a todos. Quedó atrapado por su acostumbrada falta de decisión y por el hecho de que acá la solución no era “soltar” lo que le piden. Pensé en algún momento que el Presidente se la iba a jugar, repito, en su mejor estilo, para que la decisión no recayera en él con una consulta al Consejo de Estado que determinara si lo que decía la CIDH era una orden o una recomendación. Pero las circunstancias políticas y electorales lo pusieron contra la pared y así finalmente le llegó el día en el cual debía tomar una decisión con uno de dos caminos y sin alternativas adicionales: Cumplir o no cumplir con lo indicado por la CIDH. Para resolver este dilema, en el cual la situación era un pierde-pierde para él, por que si cumplía perdería las lecciones y si no cumplía perdería el Nobel de Paz, utilizó un cálculo político-matemático coyuntural. Prefirió entonces el Presidente elegir entre el camino de la soberanía nacional y la institucionalidad, para bien de todos, pero a mi juicio más por el cálculo político-matemático coyuntural de no perder las elecciones, que por una verdadera convicción de decidir con base en el deber ser, protegiendo la soberanía y la institucionalidad. Tomó una decisión de estadista, no por serlo, sino por no perder las elecciones. La decisión le salió bien al País, pero le salió mal a Santos en su anhelada búsqueda del Nobel de Paz, por que a mi juico minó el ya desgatado proceso de La Habana, con una carga de profundidad de su propia autoría. Las FARC,  que en realidad no quieren la paz, se aprovecharán del impasse para reforzar su punto de que no existen garantías para la paz, al perseguirse y crucificarse a los reinsertados, a sus ideas y a los procesos políticos que ellos encabezan. El argumento es falaz por cuanto en una verdadera democracia todos los matices o colores políticos deben respetar la Constitución y la ley y ellas prescriben la facultad sancionatoria de la Procuraduría, independientemente del matiz o color político que se tenga. El imperio de la ley se debe respetar y las decisiones de un estadista, que no lo es Santos, se deben apegar a principios y valores y no a las conveniencias o cálculos político-matemáticos coyunturales que se hagan. Y son escasas las situaciones en las cuales los intereses políticos individuales se compaginan con los intereses supremos del Estado y al respeto al imperio de la ley, que en su conjunto es lo que debe guiar las decisiones de los Gobernantes y no los cálculos político-matemáticos coyunturales de las circunstancias que se hagan como guía de las decisiones.