El correcto uso de los recursos públicos vs Gustavo Petro

En el sector privado, los grandes gurús de la ciencia de la administración, señalan que los recursos se emplean correctamente siempre que se maximice el valor de la inversión para los inversionistas. Así, al momento de analizar un proyecto de inversión al interior de una empresa, se usan mediciones financieras como el Valor Presente Neto (“VPN”) o la Tasa Interna de Retorno (“TIR”). La primera no es más que traer a valor presente el flujo de fondos del proyecto, usando una tasa de retorno conforme a la rentabilidad esperada. De esta forma, si el VPN es positivo, se genera una remuneración en exceso a la rentabilidad esperada y si es negativo se presenta una pérdida sobre la misma. La TIR no es más que la tasa de retorno donde el VPN es cero. Estas dos simples herramientas ayudan a determinar si se debe o no invertir en un proyecto.  Por supuesto que en algunas oportunidades existen intangibles difíciles de medir. Estos elementos incluyen tópicos como imagen, impacto social, cultural o ambiental de la empresa en la comunidad, pero ellos se incorporan  en la medición como parte de los flujos positivos o negativos del mismo proyecto. En el sector público, la toma de decisiones no debería contar con criterios divergentes. No obstante, en lugar de usar herramientas como el VPN o la TIR se debe determinar simplemente el impacto general del uso de los recursos en la comunidad y su capacidad de generar satisfacción a las necesidades de los administrados. Así, de Perogrullo salta a la vista que el uso de los recursos escasos se debe maximizar. Un Gobernante usa bien los recursos si el uso de los mismos  maximiza el retorno social y cubren en la mayor medida posible las necesidades insatisfechas. Ejemplo claro de un mal uso de los recursos públicos es tomar unos predios al norte de Bogotá, que según me cuenta un Constructor pueden llegar a valer 80.000 millones, para hacer 372 soluciones de vivienda con un costo total de 30.000 millones, lo que significa que cada vivienda costaría 295 millones. Lo sensato sería por supuesto usar esos 110.000 millones para hacer más o menos   3.700 soluciones de vivienda, con un costo aproximado de 30 millones cada una, lo cual sin duda maximiza el uso de los recursos públicos. Otros sectores liberales o de izquierda puede llegar a justificar el sobre costo de las unidades de vivienda  (de 30 millones a 295 millones) por la obtención de intangibles sociales, mezcla de estratos, tolerancia, etc. Se puede decir, sin tener sustento en un estudio matemático o sociológico, que el sobrecosto no es justificable y que a largo plazo genera más inconvenientes que soluciones. No es justificable porque se dejarían 3.328 familias por fuera de la solución y, además, no necesariamente el hecho de que las viviendas se construyan en ese lugar de la ciudad va a hacer que todos los vecinos sean amigos o tolerantes entre si o que se abracen como hermanos, sino que en realidad sí se generarían inconvenientes para los propios receptores de la dádiva social al no contar la ciudad con las facilidades de infraestructura necesarias para satisfacer sus necesidades.  La decisión de Petro en si misma implica un detrimento patrimonial y es una más de sus estrategias para generar polémica política y adiciones con argumentos falaces a su causa social,  en lugar de satisfacer como un buen Gobernante las necesidades de los administrados maximizando el uso de los recursos públicos escasos.