El cambio en la cúpula de las fuerzas armadas

que nos indicaron que el tema  tenía  otros escenarios diferentes a los que ya conocíamos, de  hacer aparecer a jóvenes  como guerrilleros  dados de baja en combate.    

Ahora,  se trata de armar complots para desacreditar Jueces y Fiscales y denunciarlos.

Nuestras Fuerzas Militares  gozan de todo nuestro  respeto y admiración; pero  hay   torpezas que no pueden pasar desapercibidas ni se arreglan con el hecho de pedir disculpas.     Decir que  “hagan  una mafia para denunciar fiscales y toda esa güe…..”, va mucho más allá de  ser una expresión irrespetuosa; se está mostrando un desprecio claro por la legalidad y se ve el Estado de Derecho como una piedra en el zapato para el cumplimiento de las funciones.  Hay que poner cuidado con las expresiones altisonantes, pero sobre todo con los pensamientos en contra de los principios democráticos.   Sabemos del esfuerzo que el país ha ahecho por difundir el  respeto por los derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas, lo receptivas que han sido;  hemos sido testigos de la importancia que se le ha dado al tema,  pero tanto esfuerzo  se tira por la borda con una salida de tono de quién tanto representa a su interior.  El deber del soldado consiste en colaborar con la administración de justicia,  sobre todo en los tristes y lamentables episodios que ocurrieron en el pasado, no en degradarla.  Por ello,   se ha tomado la decisión que correspondía, no podía ser menos.

De las  grabaciones que han dado a conocer los medios de comunicación, queda el mal sabor de que se utilicen procedimientos indebidos para entorpecer la labor de la justicia, entre ellos,  al que se acude en última instancia, cuando  la situación está desesperada, que es desacreditar al Juez, o en este caso al investigador de la Fiscalía.

Se han destapado otros escándalos por  corrupción en la contratación y por sobornos a Magistrados para  direccionar la competencia hacia los Tribunales Militares.   Hay que investigar y las autoridades deben colaborar;  los sindicados tendrán su derecho a la defensa y al debido proceso;  incluyendo  en éste último el derecho a  ser juzgados por el Juez competente, de acuerdo con la Constitución y con la Ley.  Es nuestro Estado de Derecho, que nos permite tener unas Fuerzas Armadas que lo garanticen y protejan  las instituciones y la democracia colombiana contra todo tipo de subversión y también un aparato de justicia que  actué y defina los derechos entre los compatriotas.  Solo con estos ingredientes actuando al unísono, con respeto a la legalidad, pero con la debida firmeza, podremos algún día  alcanzar la paz para los colombianos.