El alcalde saqueador (de Garzón)

Carlos Cubillos (cédula 12.195.854) fue uno de sus socios en los robos iniciales (año 2012) pero rompieron cobijas porque González incumplió los acuerdos y se quedó con todo, según se lo ha contado a la Fiscalía y a los jueces.

Son compadres. González es padrino de una hija de Cubillos. Por eso se pusieron de acuerdo –apenas iniciado el gobierno- para enriquecerse. Cubillos fue nombrado supervisor de la maquinaria oficial, encargado del combustible y contratista de operarios.

Aprovechando “la buena suerte” de una crisis invernal que afectó centenares de familiares, el alcalde decretó una emergencia que le permitió contratar directamente y recibir miles de millones de pesos del gobierno nacional, a través de la oficina de gestión de riesgo.

Empezaron su negocio con cifras que consideraron pequeñas. Compraron dos volquetas a nombre de una empresa que organizaron a las volandas y que registraron a nombre de Rubert Bustos, un campesino de la región, que escasamente sabía firmar.

Convinieron que una volqueta era de Castillo y la otra del alcalde. Bustos recibía los cheques y los entregaba en la casa del alcalde.  El municipio pagaba $17 millones mes por el alquiler de los vehículos, pero combustible, repuestos e imprevistos eran pagados del presupuesto municipal.

Transcurrido un año, surgieron los enfrentamientos porque el alcalde siempre se quedaba con todo, mientras Castillo recibía migajas. Enfurecido por el incumplimiento, los compadres se gritaron y rompieron cobijas. González le ofreció a Castillo $40 millones para terminar en paz.

Castillo se sintió robado, pero bajó la guardia porque su novia, la jefe jurídica –Carolina Pineda Valencia- se mantenía en el cargo, y a través de ella el alcalde prometió resarcir los daños.

Unos días más adelante, el alcalde le pidió a su jefe jurídica, que ya le había cohonestado algunos abusos, la firma de un documento que la funcionaria consideró un exabrupto. Pineda se negó a firmar y el alcalde le pidió su renuncia, en plena aplicación de la ley de garantías.

Los dos exfuncionarios –Castillo y su novia Pineda- han venido declarando ante la Fiscalía contra González. Y han contado y sustentado una decena de ilícitos y robos del alcalde, aceptando sus propios pecados.

El alcalde bribón fue creciendo en sagacidad y mañas y prosigue el saqueo a su pueblo, como ocurre con todos los funcionarios públicos corruptos que encuentran el camino pavimentado para el pillaje, porque contralorías, personerías y hasta fiscalías son negligentes o actúan cuando los hampones ya se han retirado de sus cargos.

Castillo ha ido decenas de veces a la fiscalía a entregar todos los documentos que le exigen, mientras el flamante alcalde de Garzón amenaza con demandas porque supuestamente están afectando su buen nombre.    

Su último invento es la postulación de uno de sus más cercanos testaferros como autoridad cafetera departamental, en proceso que se cumple por estos días. Rubert Bustos (el mismo de las volquetas) es su candidato.