El agudo debate sobre el salario mínimo

El discurso económico pronunciado este mes por Hillary Clinton –candidata del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos–, abrió el debate sobre la política salarial en ese país, especialmente sobre el salario mínimo, la remuneración de los trabajadores más pobres. Su incidencia en el mundo desarrollado no se hizo esperar. En Europa, que atraviesa por una crisis que amenaza con hacer saltar por los aires el andamiaje económico de la Comunidad Europea basado en la moneda única, el Euro, la tendencia de los gobiernos, sobre todo del Reino Unido, es compensar esos minisalarios con ayudas económicas directas (los llamados impuestos negativos, tipo ‘familias en acción’). La posición de Clinton y la de la ‘franja progresista’ del establecimiento norteamericano es la de subir el salario mínimo, con medidas gubernamentales, como por ejemplo lo acaba de hacer la municipalidad de San Francisco, donde se ha establecido un salario mínimo por hora de 15 dólares. En el pasado reciente, el gobierno federal encabezado por Barack Obama, ha estado presionando al congreso para establecer un salario mínimo por encima de los 10 dólares la hora.

Clinton, además, aboga por el fortalecimiento de los sindicatos, bastante descaecidos desde la ofensiva de las ideas conservadoras de Reagan, que eliminaron la participación del Estado en la regulación de las relaciones laborales. Algo similar ocurrió, en Europa y en el resto del mundo, bajo la influencia de de esas ideas conservadoras inducidas por los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional – FMI.

Si en los países desarrollados las consecuencias para los trabajadores han sido nefastas, como que en los últimos 25 años, los salarios de los más pobres no solo no han incrementado su capacidad de compra, sino que han perdido, en algunos casos, hasta el 35% de su valor real, para los trabajadores asalariados pobres de los países pobres, el resultado ha sido una verdadera catástrofe: no solo se ha perdido más de la mitad de la capacidad de compra del salario mínimo, sino que han desaparecido millones de empleos. Si se suma el desempleo abierto –reconocido por las estadísticas gubernamentales–, con el subempleo, cerca del 70% de la población económicamente activa, no tiene trabajo estable y menos un salario justo y digno.

La discusión es interesante, porque estamos llegando a una situación de contradicción extrema entre los ingresos del capital y de los asalariados de ingresos altos, y los ingresos del trabajo y la producción no monopolista. Una situación que conocen los historiadores y que va a traer consecuencias impredecibles, como que esas eran, en buena medida las condiciones económicas y sociales, de la preguerra en los comienzos del siglo XX. No en vano, uno de los países más reacios a establecer un salario mínimo gubernamental, Alemania, acaba de autorizar su implementación. Para un país como el nuestro, donde los pontífices del neoliberalismo, recetan sin ruborizarse, el establecimiento de un salario mínimo, que sea un tercio o la mitad del actual, con el argumento de que es muy alto y afecta la competitividad de las empresas, esta discusión es un respiro para las aspiraciones de los asalariados colombianos.