El abuso de caprecom

No superamos aún las aberrantes situaciones de discriminación y maltrato que se viven en la frontera colombo – venezolana por los comportamientos demenciales del reyezuelo que tenemos de vecino, cuando ya en nuestro contexto local presenciamos con absoluta impotencia un hecho igual o tal vez más lamentable, relacionado con la garantía del derecho a la Salud de los Huilenses.

En un hecho de extremo de cinismo, se conoció a comienzos de ésta semana que CAPRECOM, una de las más grandes I.P.S. que administran el régimen subsidiado en el Departamento, tiene la mayor cantidad de usuarios y por si fuera poco, es la única de naturaleza pública, acababa su operación en el Departamento.

Dos (2) días luego sus directivas nacionales salieron a desmentir ésta versión, manifestando que se estaba en conversaciones para regularizar la cartera con las I.P.S. de la región, la que solo con el Hospital Universitario de Neiva asciende a más de 30.000 millones de pesos.

Como simple ciudadano, creo que no hay derecho a que se juegue de forma tan descarada y cínica con la vida de las personas. Manipular la opinión pública, amenazar con el cese de operaciones y luego salir como mucha gracia a decir que se está negociando la regularización de una cartera de vieja data que tiene comprometida la salud de todos los huilenses, es una burla a miles de familias que esperanzadas en el mismo estado, ven como una entidad estatal, les niega un Derecho que por otro lado, les es prometido y otorgado en el papel por la misma institucionalidad.

Hasta cuándo tendremos que seguir presenciando que entes como CAPRECOM se burlen de los ciudadanos y el Ministerio de Salud y Protección Social se haga el de la vista gorda y no tome medidas sancionatorias?. Será que acaso en ello incide que el titular de esa cartera sea a la vez Presidente de la Junta Directiva de la E.P.S.? Hasta cuando dormirá la Superintendencia de Salud, permitiendo éste inhumano proceder y dejará de tomar medidas? En ello tendrá algo que ver que se trate de entes públicos en los que incide el Ministerio de Salud y Protección Social.

Frente a tan aberrante realidad social y política, será entonces que tenemos autoridad moral desde Colombia en cuestionar los desbordados comportamientos del demente mandatario vecino cuando aquí la misma institucionalidad se encarga de pasar sin sonrojo las violaciones al derecho a la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Creo que ya estamos hartos de esto.