Efecto dominó

Por segunda vez en la historia de Colombia, se cumplió una consulta popular para determinar si se aprobaba o no, la explotación minera en el territorio de Cajamarca Tolima. El resultado en las urnas fue contundente y la ciudadanía, rechazó por mayoría absoluta del 97%, cualquier intervención de la explotación de sus recursos minerales en su subsuelo. Aunque la Corte Constitucional le exigió al Gobierno Nacional concertar con los municipios el futuro de los proyectos mineros en sus territorios, aún no existe una ruta para esta mediación. El 28 de julio de 2013, la población de Piedras Tolima, a través de un mecanismo de participación ciudadana sin precedentes, hicieron público en las urnas, su descontento frente a la llegada de las operaciones de extracción de oro, por parte de la empresa multinacional canadiense Anglogold Ashanti a su municipio. Estas justas electorales se han vuelto muy controvertidas, porque mientras las autoridades nacionales, autorizan y conceden licencia ambiental para que se exploten sin control alguno, y sin medir el impacto negativo sobre el medio ambiente que les ocasiona, inmediatamente empiezan las protestas populares en contra de estas iniciativas. En nuestro departamento, los habitantes de Iquira, ya están haciendo los trámites necesarios para desarrollar una jornada de este tipo, para impedir que una organización extranjera, desarrolle actividades petroleras en el área de su localidad, que van a poner en peligro la sostenibilidad ambiental del mismo.

Las comunidades de algunas regiones del país, donde se han desarrollado por décadas la explotación minera, han visto como se han destruido los nacederos de agua y los procesos erosivos, han creado un panorama desolador del entorno ambiental. Así los funcionarios del alto gobierno, que nos les interesa en absoluto el bienestar de las comunidades, salen a defender estos proyectos mineros de gran envergadura, con el sofisma de distracción, que no se puede paralizar el desarrollo económico del país. Recuerden señores burócratas, que primera está la vida, que van en contravía de los oscuros intereses que se tejen alrededor de estas iniciativas mineras, cuando se otorgan las licencias ambientales, sin consultar al constituyente primario. Lo que es inaudito, es la reacción muy apresurada del ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, a través de los medios de comunicación, quien expresó “que se trata de una decisión política, que, aunque manifiesta la voluntad popular de sus habitantes, no tiene la capacidad de cambiar la Ley”. Todo porque dicha empresa multinacional, ya le habían otorgado la respectiva licencia ambiental, sin que haya iniciado operaciones de explotación minera. Es muy lamentable, que un alto vocero gubernamental, salga a la opinión a expresar semejante esperpento jurídico, que va en contravía del interés supremo de la soberanía local, que nos ha otorgado la Constitución Política, a través de los mecanismos de participación ciudadana. Esperamos que se haga respetar la voluntad popular, expresada en las urnas, el domingo anterior en Cajamarca.