Desastre ambiental
El gobierno Nacional ya ha dado muestras de no querer proteger el medio ambiente, pero sí ha dado muestras de facilitar la explotación minero-energética, amparado en los conceptos de la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Al menos así lo ha dejado claro. Y así se confirmó en días pasados tras afirmar esta agencia, que se podía explotar petróleo en la Serranía de La Macarena. Este concepto lo afirmó al indicarle a la empresa Hupecol que podía hacerlo. Lo complejo de esta situación es que se pondrá en riesgo Caño Cristales, reconocido mundialmente por sus cinco colores.
Aunque los críticos afirman que la explotación no se desarrollará directamente en Caño Cristales, dicen que lo afectaría gravemente porque se realiza muy cerca de los nacimientos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada, los cuales podrían llegar a contaminarse.
Inmediatamente se conoció la denuncia, se volvió tendencia en redes sociales el hashtag #LaMacarenaNOseToca. Ante esto, el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui, salió a los medios de comunicación a explicar el supuesto “mal entendido”. Pues para ellos, esta explotación de hidrocarburos no afectará el ecosistema porque se realizará lejos de estos lugares. Asegura que mucho menos causará algún daño al afluente de Caño Cristales porque se desarrollará a 68 kilómetros de allí, a 25 km del río Guayabero y a 48 km del río Duda.
Mientras se dan estas explicaciones formales y de parte del Gobierno, la destrucción ambiental corre. Hoy vemos que no hay la energía suficiente y las represas productoras de este combustible no son suficientes. El fenómeno de El Niño ha hecho estragos y nuestro ambiente ya no es el de hace 20 años.
Es por esta razón que la sociedad civil debe actuar, no hay otra posibilidad. Ya es hora que se detenga el actuar de muchas instituciones que están avalando la explotación que afecta el medio ambiente, amparados en la negación de la afectación, pero la verdad es que se está destruyendo nuestro hábitat. El Gobierno debe dar una respuesta, y los gobernadores deben hacer un bloque común para detener la explotación que atenta directamente contra la naturaleza.
