Derecho a la educación
El reclamo de la ministra de Educación, Gina Parody, es supremamente justo. Pide concretamente que 2067 estudiantes puedan volver a las clases a Colombia. Esto es más que lógico en cualquier democracia, a tal punto que podríamos pensar que es una locura del vecino país que impida que los estudiantes pasen la frontera para estudiar en Colombia.
Más allá de este noble reclamo, sería muy importante analizar la situación actual de muchas instituciones educativas que aunque existen, carecen de elementos para poder funcionar correctamente.
Claro, así como es justo pedir por 2067 estudiantes de la frontera, es razonable pedir por los estudiantes del interior del país, que piden docentes, pupitres, restaurantes escolares dignos, material didáctico, en fin.
Para no ir más lejos, hace un par de días en un colegio público de Neiva (que está arrendado a unas instalaciones de una institución educativa privada) tuvo que permitir que sus estudiantes comieran en el suelo porque el rector (un sacerdote) arbitrariamente les guardó las mesas.
Este hecho, que pareciera muy similar al actuar desbordado de los venezolanos, no ameritó ni un solo pronunciamiento de la Secretaría de Educación de la ciudad.
Así las cosas, lo ocurrido en la frontera debe servir para ver la situación actual de nuestra educación con autocrítica, no con los esmerados elogios que se desinflan ante las evaluaciones regionales que hacen ver nuestras instituciones como las menos competentes.
Esto está unido a factores que son una desventaja como la deserción escolar. De acuerdo con el gobierno la tasa de deserción intra-anual pasó de 8,0% en 2002 a 5,15% en 2009, no obstante se presentan tasas mayores en lo rural y en algunos departamentos como Guainía, Putumayo, Vichada o Amazonas, que incluso duplican la tasa nacional.
De esta forma hoy estamos ante una situación que es lamentable, pero es una buena oportunidad para reflexionar sobre los modelos educativos y los padecimientos de otros estudiantes en las diferentes regiones del país.
