Derecho, Política y Sociedad: Prácticas políticas y corrupción administrativa

La detención de la alcaldesa de Florencia junto con 10 concejales de la misma ciudad en esta época electoral, necesariamente origina algunas reflexiones acerca de las prácticas electorales y clientelistas que bien podrían estar pasando en nuestro departamento y que el elector debe atender al momento de entregar su voto.

Los órganos del Estado (alcaldías, gobernaciones, etc) encargados de la aplicación de las normas de contratación, propician las condiciones que permiten la generación de efectos clientelistas y corporativistas. Estas prácticas facilitan la corrupción en razón a la captura de los recursos públicos que por esta vía efectúan contratistas, funcionarios de los entes administrativos y de control, motivados por el interés particular del lucro y el beneficio, lo que difiere de los propósitos de la política y del derecho.

Muchos de quienes impulsan y apoyan económicamente algunas candidaturas políticas, lo hacen por los dividendos que pueden obtener por este apoyo. Los cuantiosos recursos (dinerarios y en especie) de empresas y particulares que por estos días empiezan a fluir en las campañas políticas (muchos de estos dineros de dudoso origen), no tienen otra finalidad que buscar réditos que se verán materializados una vez el candidato(a) llegue al poder. Tal como ocurrió con los contratistas que apoyaron la alcaldía de la hoy detenida ex alcaldesa de Florencia.

Algunos de los que se lanzan a estos cargos de elección popular no lo hacen por un sentido altruista de ayuda al prójimo y trabajo desinteresado por la comunidad. Lo hacen para sacar el máximo provecho (político, económico, estatus social, etc.) en los cuatro años de gobierno.

Si bien tenemos en nuestra profusa normativa nacional, muchísimas normas que pretenden dar trasparencia a los procesos contractuales y evitar prácticas clientelistas y de corrupción, es un hecho cierto que estas se quedan cortas pues a diario se destapan nuevos casos de corrupción administrativa, por lo que se puede deducir que la ley más exigente no será suficiente sino existe una educación de respeto a la legalidad y a la denominada “cosa pública”.

*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana