Derecho, Política y Sociedad: Los abusos de la protesta sindical

La Constitución Política colombiana consagra y protege la actividad sindical como un mecanismo que busca principalmente el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Los sindicatos pueden ejercer el derecho de huelga como mecanismo de presión ante exigencias laborales justificadas. La Constitución limita este derecho en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, tarea que el Congreso no ha realizado.

El ejercicio sindical de los miembros de la Fuerza Pública no está permitido en Colombia. En el caso de los servidores públicos, estos no pueden hacer huelgas pues tienen una relación legal-reglamentaria con el Estado.

Pese a lo anterior, en Colombia han hecho carrera los denominados “paros” de trabajadores del Estado que no son otra cosa que la suspensión de actividades laborales por fuera del marco normativo. Se alega que los “paros” son ejercicio de la protesta ciudadana, la cual a su vez tiene su fundamento en la libertad de expresión.

Caso puntual de “paro” es el de la Rama Judicial. El país observa atónito el grado de obstinación al que han llegado unos pocos servidores públicos de la Rama quienes sin ningún recato, van a continuar en paro después de sus vacaciones, exigiendo más prerrogativas, pese a tener uno de los regímenes más beneficiosos del sector público.

Y aunado a este insensato paro se desarrolló por 5 meses el del INPEC que cuenta con 64 sindicatos. Ellos habían anunciado que desde el martes cerrarían cuatro cárceles con 28.000 internos. Su reclamación pretendía el aumento del valor de las horas extras y la ampliación del personal de planta. En las últimas horas el Gobierno logró desactivar la protesta.

Todo cese de actividades le genera grandes costos al Estado por la parálisis del servicio, pero principalmente la violación de derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Todo derecho, aún los laborales, no son absolutos pues tienen un límite. Su abuso ante la debilidad estatal genera un efecto cadena: otros servidores acudirán a esta forma de presión para obtener beneficios particulares. O en el peor de los casos, originará la supresión de la entidad como ya le ocurrió a Telecom y a la Caja Agraria.

*Director del Grupo Nuevas Visiones del Derecho. Universidad Surcolombiana