Derecho, Política y Sociedad: El derecho a la ciudad
Por German Alfonso López Daza
Ante los nuevos paradigmas políticos, culturales, económicos y socio-ambientales de las ciudades y la dinámica de la sociedad actual, en las últimas décadas han venido surgiendo nuevos derechos colectivos como una forma de responder a exigencias de protección que antes no existían. Uno de ellos es el denominado “derecho a la ciudad” creado en 1968 por el francés Henri Lefebvre.
Este derecho fue reconocido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) que consagra los derechos humanos colectivos en el espacio urbano. Este nuevo derecho colectivo concibe una ciudad sustentable y sostenible, sin ningún tipo de discriminación social o cultural, que reconoce la función social de la propiedad, la distribución y el disfrute equitativo, universal y sustentable de los recursos, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades para todos sus habitantes.
Para el caso de Neiva, ciudad intermedia con gran proyección de crecimiento (a veces desordenado), es necesario plantear el modelo de ciudad que queremos y que tendrán las futuras generaciones. Aspectos como la cobertura y eficiencia de servicios públicos domiciliarios, la inseguridad, la escases de espacios públicos, el pésimo servicio de transporte público, la deficiente infraestructura vial (puentes elevados, vías rápidas, deprimidos en intersecciones), el caos vehicular y un largo etc., hacen que la calidad de vida de los neivanos este disminuyendo a tal punto que si no se corrige el rumbo, nuestra ciudad dejará de ser el buen vividero que por años ha sido.
Este panorama debe llevar a los candidatos a la Alcaldía a proponer políticas públicas claras y de largo plazo que conlleve el usufructo equitativo de lo público a todos sus habitantes, un mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y el goce efectivo de los derechos humanos en un contexto urbano planificado. Los retos del derecho a la ciudad es la consecución de una vida digna para todos los habitantes. Sin embargo, la decisión final le corresponde al ciudadano neivano como responsable de elegir bien a sus gobernantes. (Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
