Derecho, Política y Sociedad: Derechos fundamentales y proyectos energéticos

El país ha vivido en los últimos lustros, un proceso acelerado de inversión en el sector minero-energético trazado desde el gobierno Uribe, en el cual se priorizó la inversión en este sector representado en la industria petrolera, eléctrica y minera. Fue bajo este gobierno que se hizo la primera subasta energética, con la cual se adjudicó a EMGESA la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo.

En la ejecución de este proyecto se han constatado grandes niveles de improvisación que repercutieron en lo social. El desplazamiento obligado de muchos campesinos, pescadores y jornaleros involucrados en la producción alimentaria no fue atendida como el gran proyecto lo exigía. La inminente inundación de cientos de hectáreas de tierras fértiles y en producción agrícola por la generación de energía, así como la afectación de la producción piscícola del Magdalena y de la Represa de Betania, origina un debate por el conflicto entre las políticas públicas estatales y la afectación de derechos fundamentales.

La ejecución de la obra generó un impacto socioeconómico, ambiental y cultural que vulneró derechos fundamentales de una población altamente sensible que no ha sido plenamente compensada. Igualmente colocó en riesgo la producción piscícola instalada en Betania de los productores de mojarra. Esta situación ha motivado varias acciones judiciales que han logrado, en algunos casos, la protección de derechos fundamentales y derechos colectivos.

Pescadores y en general el sector piscícola alegan que con el llenado de El Quimbo se afectará la producción de pescado de Betania, lo que acarrearía una afectación del mínimo vital de muchos trabajadores que viven de esta actividad.

Estudios contratados por gremios de la región informan que esta obra acabará con la producción piscícola que se encuentra en pleno desarrollo en el embalse de Betania ya que el caudal del Magdalena sería insuficiente para mantener la producción pesquera.

Detener estos resultados es casi imposible. Será el Estado quien en últimas deberá responder por las consecuencias sociales y económicas de su “locomotora energética”.

(Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana)