Derecho, Política y Sociedad: El derecho a la participación democrática

Uno de los pilares de la Constitución de 1991 ha sido la participación democrática, entendida como la activa intervención del ciudadano en la toma de decisiones políticas, así como su vigilancia y control sobre la gestión de lo público. En el marco de este principio, en días pasados el Presidente sancionó la Ley 1757 de 2015 que reglamentó la promoción y protección del derecho a la participación democrática.

En nueve capítulos, el Congreso desarrolló aspectos como los mecanismos de participación democrática en corporaciones públicas, la rendición de cuentas, el control social a lo público, la participación social ante las corporaciones públicas de elección popular y la coordinación y promoción de la participación ciudadana.

Con la expedición de esta nueva Ley, el Estado busca fortalecer la democracia participativa y el derecho fundamental de los ciudadanos de participar en la vida política, fomentando los principios y valores de la participación ciudadana y otorgándole a la ciudadanía, nuevas herramientas para realizar el control social a la gestión pública. Esta ley llena grandes vacíos existentes en los mecanismos de participación democrática, que si bien están consagrados en la Constitución y en la Ley 134 de 1994 (reglamentaria de los mecanismos de participación democrática), dejaba muchos aspectos en el limbo.

Como novedad de esta Ley que es Estatutaria (pues tiene control previo de la Corte Constitucional), está la reglamentación sobre la obligación de la rendición de cuentas del servidor público a la ciudadanía, instrumento para hacer seguimiento a la gestión pública. Se busca con la ley, la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la cotidianidad del servidor público.

De igual forma se definen sus principios, su obligatoriedad y etapas y hace extensiva esta obligación a las Juntas Administradoras Locales, Concejos y Asambleas. Esperemos que la aplicación de la ley redunde en el fortalecimiento de la participación ciudadana y por ende, en el control ciudadano a la gestión pública, elemento indispensable en la lucha contra la corrupción.

(Coordinador Maestría en Derecho Público – Universidad Surcolombiana)