Delito conexo

Cuando el presidente Santos afirmó que para la viabilidad del acuerdo de paz que se adelanta en La Habana, era necesario que se redefiniera el concepto de delito político con miras a permitir la participación política de las FARC, le cayeron rayos y centellas por parte del expresidente Uribe y el inquisidor Ordóñez, reconocidos halcones de la guerra y recalcitrantes defensores del envilecido statu quo que nos rige, haciendo ver a conveniencia  como una atrocidad la conexidad necesaria del delito común del narcotráfico con el delito político de rebelión, mostrándola en forma tergiversada y pérfida como el reconocimiento que pedía Santos al narcotráfico.

Nada más perverso para alebrestar a la galería y reconciliarse con la oposición de jauría y amigos de la guerra,  el considerar que el delito de narcotráfico se pueda convertir en delito político, pues eso nunca podrá ocurrir por tener claros deslindes en el  régimen penal, y todavía más achacarle tal propósito al presidente Santos que ha sido enfático por razones obvias en rechazar tal posibilidad, pues lo que ha planteado sin ambages por ser coruscante realidad, es la necesidad de que se considere el narcotráfico como delito conexo al de rebelión para que pueda tener éxito el proceso de paz permitiendo la participación política de las FARC, que se supone se han alzado en armas durante tantos años precisamente para ello, en el entendimiento que nadie puede negar, de que el narcotráfico ha servido para financiar la subversión, al punto de haber sido su principal y definitiva fuente de financiamiento, como que de no haber existido no estaríamos ahora negociando la paz, pues hace mucho rato por sustracción de materia no existiría la subversión.

Y eso es precisamente lo que hay que entender en este país donde el narcotráfico permeó todos los estamentos de la sociedad, dejándonos como solera letal el enriquecimiento ilícito y la corrupción, plagas que con ningún proceso de paz podríamos acabar por estar afincadas en el alma colectiva  como modo de vida y de ascenso político y social. Es más. Podríamos afirmar sin hesitación alguna que sin esa redefinición de conexidad delictual que permitiría la participación en política de los alzados en armas, no habrá ninguna posibilidad como lo entiende el presidente Santos, de que se llegue a buen puerto en materia de paz y nos sigamos matando, que es lo que quiere la caverna política que ha mangoneado este país para seguirse lucrando de la violencia.

Es una cruel realidad o un enorme batracio o como se le llame que nos tenemos que tragar si queremos que haya paz, pues en ninguna cabeza de los que han participado en los procesos de paz que se han adelantado en otras latitudes, puede caber que los rebeldes abandonen las armas mandándolos a todos para la cárcel para que no puedan participar en política y no se hagan las reformas que es necesario hacer al sistema político para una  paz duradera, y no la continuación de la guerra que quiere esa oligarquía bastarda para mantener sus privilegios de siempre.