Del Caguán a las zonas de concentración

La discusión sobre la conveniencia de unas zonas de ubicación para que los miembros de la guerrilla se concentren, lleva a rememorar los abusos cometidos por la guerrilla con la llamada zona de distensión de El Caguan.

Como se recordará, la denominada “zona de distensión o de despeje” que se ubicó en 5 municipios de dos departamentos, fueron 42 mil kilómetros cuadrados en los que la guerrilla de las Farc estuvo concentrada desde 1999, como escenario para llevar a cabo los dialogos de paz impulsados por el Gobierno de Pastrana.

Para el departamento del Huila este episodio es de ingrata recordación toda vez que bajo el amparo de una zona creada para hablar de paz, la guerrilla abusó de la buena fe de los colombianos y desplegó ofensivas de guerra como el secuestro de civiles, el hurto de bienes y semovientes y en general, la comisión de todo tipo de delitos para luego esconderse en la zona despejada, todo bajo el amparo del Gobierno Pastrana. Incluso recientemente el Consejo de Estado condenó a la nación por el hurto por parte de la Guerrilla, de 3.282 reses que tenía un ciudadano en la zona de distensión, declarando que hubo total ausencia de Estado en esa zona y que el gobierno no protegió a la población civil. (Por cierto, ¿habrán repetido contra el ex presidente Pastrana para que asuma los costos de la condena?).

Ahora, con la denominada zona de concentración propuesta por el Gobierno Santos, pareciera que la historia tiende a repetirse, pues la ley propone concentrar a los miembros de la Guerrilla en algunas zonas –posiblemente en el Huila-, garantizandoles seguridad y la suspensión de las órdenes de captura (¿incluso para delitos de lesa humanidad?).

Sin embargo, tambien existen amplias diferencias. La principal es que ahora hay un proceso de paz adelantado y las zonas serían el paso previo para la entrega de armas pues ¿cómo podrían el Gobierno y la comunidad internacional, verificar la dejación de armas si no se concentran los miembros para la entrega? Además la ley obligaría a proteger los derechos y libertades de la comunidad. Ahora, el reto del Gobierno, es convencer al país que esto no será un nuevo Caguán. (Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho –USCO).