De tutela y tutelas

se conmociona a diario con los resultados inciertos y contradictorios que se presentan cuando se conocen las sentencias de las acciones de tutela, como consecuencia de su invocación personal o frente al fenómeno de lo que son “las avalanchas de tutelas”, y especialmente cuando se desconoce el precedente constitucional que debe ser garantía de aquellas decisiones.

Este mecanismo creado por el Constituyente del 91 que debe ser un medio ágil, pronto e inmediato, nos enfrenta a encontrar un funcionario preparado, honesto y responsable que proteja ese Derecho Fundamental controvertido, pues últimamente se ha pervertido tanto por los usuarios, como por las instituciones, incluida la rama judicial, ya que los errores en la Administración de Justicia, la morosidad y la incoherencia de las decisiones judiciales, termina por abrir un camino para reclamar o demandar en acción de tutela, el cumplimiento de un fallo judicial o una pronta e inmediata garantía de ese derecho en controversia.

Es que el gran problema que ha surgido parte del presupuesto de que la Acción de Tutela, es una ACCION CONSTITUCIONAL, ya que se supone que todos los FUNCIONARIOS JUDICIALES, conocen en profundidad, los DERECHOS FUNDAMENTALES,  de tal forma, que deben ser garantes de su protección y sin mayores fórmulas de juicio, deben procurar su rehabilitación de inmediato.

En esta apreciación universalista del Derecho, se peca por exceso, por cuanto el DERECHO CONSTITUCIONAL, es una de las más exigentes ramas del conocimiento que puedan imponerse los operadores judiciales, abarca todas las formas y modalidades que tienen que ver con los principios básicos de la convivencia de los ciudadanos y de las garantías de éstos para desenvolverse en sociedad y enfrentar la protección de sus derechos y de sus obligaciones, de sus deberes y sus responsabilidades, situación que hoy por hoy, con una política universalista de los Derechos Humanos, ha terminado por ser desconocida y sobre todo, menospreciada en una sociedad donde el imperio del poder, es superior a la filosofía de la vida.

Los jueces que estudian, son una excepción. Hay desidia en el funcionamiento del aparato judicial y hemos perdido por completo la fe en las instituciones del Estado, a partir de aquel momento en el que para la elección de los Magistrados de las Altas Cortes, se tiene la influencia decisiva del poder legislativo, sinónimo de corrupción y de bandidaje institucional, de tal forma que uno y otro, terminan salpicados de tal manera que se pierde la razón de ser de cada una de ellas.

No olvidemos que el cuerpo generador de las políticas jurisdiccionales del país, esto es el Consejo Superior de la Judicatura y que las orientaciones que han de formar parte del gran precedente Constitucional para aplicar a todos los procesos y decisiones judiciales parte de la Corte Constitucional, son elegidos por el Congreso, y por tanto, si el entramado de una Justicia, descansa en estos pilares fundamentales en bases que la hacen endeble, no confiable y fácilmente influenciables, hemos de terminar por aceptar que todo el andamiaje sufre las secuelas que ya se conocen desde el ente legislativo mismo.

No es entonces una reforma a la Acción de Tutela, lo que se requiere, es la adopción de una política judicial seria, coherente donde realmente se pueda predicar la independencia de una de las ramas del poder público, como lo es la Jurisdiccional, que lleve a una descongestión total de los despachos judiciales y ofrezca realmente una pronta e inmediata administración de Justicia, sumado al compromiso ineludible de los funcionarios judiciales en el estudio, la preparación y la fundamentación de sus decisiones, con la rotación integral de sus lugares de trabajo, para que no haya, como se presenta hoy, apropiación de los puestos con una carrera judicial que no exige y no es dinámica en la solución de los problemas sociales que crecen día a día.