De la revocatoria de alcaldes y otros demonios

Una de las innovaciones que trajo consigo la Carta Política de 1991, fue la implementación de múltiples mecanismos de participación ciudadana como medios para que el pueblo ejerciera la soberanía de la cual es depositario.

Uno de esos mecanismos es precisamente la revocatoria directa de Alcaldes, prevista inicialmente para éstas autoridades unipersonales, con algunas condiciones de procedencia de las que sin embargo y a la fecha, aún no existen experiencias fructíferas de mandatarios que por tal vía hayan tenido que abandonar el ejercicio del poder, lo que obliga indagar acerca de la eficacia práctica del mecanismo.

De mi parte creo que en nuestro país y desde el punto de vista práctica, la figura se ha convertido en una herramienta de presión, costosa, revanchista y de contenido selectivo, que precisamente por ello, nada de favorable ha tenido.

En efecto, es evidente que aquellos territorios en los que se ha puesto en marcha, constituye la bandera bajo la cual los vencidos en una justa electoral, pretenden tomar revancha, sometiendo al mandatario a nuevo proceso eleccionario para que no solo defienda su mandato sino que además y desde el poder que ahora tiene, desate todo un andamiaje proselitista soterrado, en defensa de esa causa.

Lo peor es que para los promotores, existe un perverso aliado y es que la financiación de la votación le corresponde al Estado, a nosotros, una vez avalada y viabilizada la iniciativa por parte de la autoridad electoral; y si a eso le sumamos que durante todo ese periodo el mandatario está más preocupado por empotrarse en el poder, manteniéndose al frente del ente territorial, no hay duda que ello impone restar horas y días de ejercicio importantísimos a favor de la comunidad que mayoritariamente lo eligió y que espera que las múltiples necesidades no queden relegadas a ser la sombra de la causa personal que tiene que asumir el Alcalde.

No se trata de negar la bondad del mecanismo, pero bien vale preguntarse por qué no se extiende a otras autoridades e incluso a los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular que con todo y el rótulo de “coadministradoras” sólo ejercen control político?; será que el mero descontento de un grupo de habitantes, luego del primer año de ejercicio es suficiente para someter a toda una comunidad a semejante desgaste cuando es bien sabido que no hay Alcalde que pueda dar resolución a todas las necesidades con lo limitados de los presupuestos.