De la comedia al drama

La tutela se desnaturalizó y se salió de quicio. Aunque se suponía que era un instrumento subsidiario y complementario, hoy es un sistema paralelo de administración de justicia que rompe con el orden y la jerarquía indispensables en el estado de derecho y que es fuente permanente de incertidumbre e inseguridad jurídica.

Para empezar, si Petro y sus abogados pretendían controvertir la sanción de la Procuraduría, podían recurrir al Consejo de Estado. En su lugar interpusieron no una sino centenares de tutelas, directamente y a través de marionetas. No tengo la menor duda de que semejante maniobra configura un típico abuso del derecho. Y tiene el efecto adicional de entorpecer la justicia porque los jueces están obligados a dar prioridad a las tutelas, dejando el resto de procesos para después, agravando así la morosidad del sistema y la congestión judicial. Es decir, la manipulación de la justicia por parte de Petro afecta la protección de los derechos de los demás ciudadanos. Además genera un gasto en tiempo, recursos humanos y dinero que va en desmedro del presupuesto del sector judicial y de los impuestos que pagamos.

No creo que a Petro y sus copartidarios les importe un pito las consecuencias de sus actos, ¿pero adelantará el Consejo de la Judicatura las investigaciones pertinentes?

Después, la presentación paralela de centenares de tutelas y la insumisión de los jueces ante la Corte Constitucional generan confusión e inseguridad. En la búsqueda de que alguno de los jueces acepte los argumentos de las solicitudes, se abre la puerta a que fallen en sentidos distintos. Ya ocurrió. Un magistrado Armenta admite una tutela de un “agente oficioso” y decreta la suspensión provisional de la decisión de la Procuraduría. Según Armenta, el Procurador “no tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos popularmente”. Un par de días después, una sala del mismo Tribunal niega una tutela interpuesta por Julio César Ortiz, este sí abogado del Alcalde, con argumentos exactamente contrarios: el Procurador sí tiene facultades para investigar y sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular.

Algunos dirán que la discusión es válida y solo refleja dos interpretaciones distintas de las normas. Pero en realidad lo que demuestra es que la Corte Constitucional se está convirtiendo en un juez más, en uno cualquiera, y no se le reconoce su condición de órgano de cierre y de unificador de la jurisprudencia. Porque se suponía que la discusión ya había sido zanjada de manera definitiva por la Corte en una sentencia de, precisamente, unificación jurisprudencial, cuando dijo que “en su condición de servidores públicos de elección popular, los congresistas en el ordenamiento jurídico colombiano pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por el Jefe del Ministerio Público”. Los alcaldes también son servidores públicos de elección popular.