Cárcel o exilio.

Este es el título del nuevo libro del destacado escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, quien  hace un descarnado análisis sobre la ¨sombría realidad de la justicia¨. Llega a la tenebrosa conclusión de que ¨la justicia en Colombia, durante los últimos años, se ha convertido en un instrumento político¨. Se lamenta de la situación de militares que arriesgaron sus vidas luchando contra el terrorismo han sido condenados a prisión¨ y de muchos colombianos que por sus capacidades ocuparon altos cargos de servicio público y de repente han sido vinculados a ¨tortuosos procesos judiciales¨, lo cual ha llevado a algunos, ante el propósito de ser condenados injustamente, al camino del exilio, como es el caso del ex ministro Andrés Felipe Arias, y a otros, como el de Luis Alfredo Ramos, confiados en poder demostrar su total inocencia, se encuentran hoy privados de la libertad.

Ante los continuos atropellos de la justicia y de su ineficacia en los escandalosos casos de corrupción, se pregunta el autor: ¨¿Qué pasó con nuestra justicia?, ¿ en qué momento se perdió el rigor y la majestad que se había reconocido en otro tiempo en todo el continente? .

Señala como desde la independencia, Bolívar y Santander se empeñaron en darle a la nueva república un sistema político con separación de poderes, y cómo la Constitución de 1.886 consolidó la vida jurídica del país y siempre la justicia estuvo en manos de ¨Magistrados respetables con una severa formación jurídica y un empeño riguroso en hacer cumplir las leyes¨. Pero vino el gran golpe a la justicia, con la toma del Palacio de  Justicia el 6 de noviembre de 1.985, auspiciado por Pablo Escobar en contra de la extradición, y ejecutado por el M-19, con el saldo del asesinato de 12 magistrados de la Corte y del Consejo de Estado y de un gran número de funcionarios y visitantes. La Magistrada Fanny Gonzalez Franco, sacrificada ese día, dejó su heroico testimonio: ¨Muero pero no me doblego¨. Posteriormente, fueron asesinados el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el Procurador Carlos Mauro Hoyos, numerosos magistrados de tribunales, jueces y parlamentarios. Muchos juristas se abstuvieron entonces  de pertenecer a la Corte y a los Tribunales y llegaron personas de menos altura.

El segundo golpe a la justicia fue la Constitución del 91, la cual permitió la politización de la función de los Magistrados de las Altas Cortes  y de los Tribunales. La Fiscalía General de la Nación, con 30.000 funcionarios y 2.3 billones de presupuesto anual no muestra ninguna eficiencia.

Los manejos burocráticos de las Cortes las han llevado al descrédito general. Hay intereses políticos, económicos e ideológicos. Continúa la impunidad de los magistrados por el fuero especial de ser investigados por la comisión de ¨absoluciones¨ de la Cámara. El clientelismo se practica a diario ante los funcionarios elegidos y ternados por la Cortes y ante el ejecutivo. Se observa una inacción de las autoridades judiciales en las defraudaciones del estado y a los sectores populares como en D.M.G. , Interbolsa, Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y el carrusel de la contratación. La ley de justicia y paz del año 2005 le abrió las puertas a los falsos testigos como instrumento fundamental en la politización de la justicia.

Indica también el autor como una grave falla en la justicia la ausencia, en gran número de procesos,  de una segunda instancia. Por último, denuncia el cerco judicial que se ha establecido contra el líder  de la oposición en Colombia, el Expresidente Alvaro Uribe Vélez, sus amigos y su familia.

HASTA CUANDO?