Curules para las Farc en el Congreso

Controvertida se ha convertido entre la opinión nacional, la propuesta de la mesa de Diálogos para asignar número un determinado de curules temporales para las Farc en el Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales y en los Concejos Municipales, una vez entreguen las armas, como resultado del Acuerdo de Paz que se firme en la Habana Cuba. A la fecha no se han establecido el número de escaños que podrían ocupar directamente los voceros de este grupo insurgente, lo cual les permitiría acceder a la vida política dentro de la estructura legal del país.

Estas iniciativas forman parte de la cantidad de sapos que debemos tragarnos los colombianos, para superar un conflicto que durante más de cinco décadas hemos tenido que sufrir el rigor de una guerra fratricida que solo dejó, destrucción de fincas, viviendas, infraestructura productiva, más de 220 mil muertes y millares de lesionados, por una causa política sin fondo, que solo interesaba a las mentes irracionales para mantener el dominio de unas regiones para cometer toda clase de delitos de lesa humanidad y sostener el jugoso negocio del narcotráfico, secuestro y extorsiones. Ya lo expresaba el columnista de la Orilla, Juan Carlos Palou, “No es, como muchos suponen, una cuestión de si o no. Es un asunto de grados y matices para lograr que la paz se consolide sin sacrificio del juego democrático. Es un análisis histórico, jurídico y político de una propuesta que causa controversia”.

Para tal efecto, se ha planteado por parte de los actores que se encuentran dialogando en la Isla de los Castro, la creación de una misión que recomendará las bases para estructurar el proyecto de Ley que permitirá reformar el Sistema Electoral Colombiano, para que las Farc pueda habilitarse como un movimiento político y puedan acceder a la participación política, con el fin de asegurar una mayor autonomía e independencia del organismo responsable para hacer cumplir esta tarea que va a polarizar amplios sectores de la opinión nacional. Como respuesta a esta iniciativa de las partes, el gobierno nacional proyectará una Ley que se presentará a consideración del Congreso de la República, para garantizar y promover la participación de la ciudadanía y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.

Lo anterior, se convertirá en un espacio de amplia controversia por parte de los diferentes estamentos de la vida nacional, permitiendo enriquecer de una manera u otra, todas las propuestas que se generen para crear un ambiente propicio, para que exista una verdadera armonía y paz en la vida de todos los colombianos. Es preferible tener a unos insurgentes debatiendo sus ideas en el poder legislativo, que tenerlos en las montañas generando violencia y destrucción de la infraestructura productiva del país.