Curas que matan

Uno de los tantos aspectos novedosos que trajo consigo la Constitución Política de 1991 fue el deseo de implementar procesos para que el acceso a cargos públicos estuviera sustentado en el mérito.

Así se ha venido legislando paulatinamente. Hoy se aplica éste sistema para acceder a cargos como el de Gerente de Empresa Social del Estado, el de Personero y Contralor municipal, todos de periodo fijo e institucional, destacando que para el último caso, se acude a la convocatoria pública y no al concurso de méritos.

Pero la experiencia reciente en la elección de Personeros, la que en muchos municipios aún no concluye por los inconvenientes políticos que trajo la participación de los salientes y entrantes concejales, en medio de un juego de poder por definir éste proceso, develó las deficiencias internas del mismo.

La gratuidad del trámite ante la Universidad o institución autorizada para adelantar el concurso puso en duda la seriedad del proceso; lo propio ocurrió con la falta de control en las pruebas a utilizar y peor aún, la intervención mixta de un órgano externo y los concejos, termino por mostrar que lo que ocurrió fue tan solo la incorporación de un actor de reparto en los ya cuestionados procesos anteriores.

Para las ESEs el panorama no ha sido diferente. Quejas de direccionamiento, críticas a la praxis del concurso y hasta denuncias de favorecimiento han terminado por cuestionar estos procesos. Esto sin contar que a partir del próximo 31 de marzo todos los gerentes de estas entidades en el país regularizan su periodo y entonces hoy debe echarse mano de contadas Universidades autorizadas para adelantar centenas de proceso y que bien pueden o no interesarse e hacerlo.

Creo entonces que si bien el propósito del constituyente es loable, la forma de implementación ha sido funesta. Favoritismo en la escogencia de los entes que acompañan los procesos, compromisos alternos, conocimiento anticipado de las pruebas aplicadas, impertinencia de los contenidos evaluados y en fin, veo con preocupación una serie de situaciones que hacen pensar que lejos de legitimar el sistema de ingreso a éstos cargos, estamos ante paliativos formalmente válidos y operativamente perversos.

Estamos ante otro ejemplo más de improvisación y de que la verdadera solución a la problemática de deslegitimación institucional parte de las personas, no de las mismas instituciones.