Cuestionan equilibrio de poderes
A un grueso número de funcionarios de la Rama Judicial no les ha parecido interesante la reforma al equilibrio de poderes. Algunos consideran que se perjudica gravemente a los trabajadores de la Rama Judicial.
Esto quedó claro en Barichara (Santander) en un evento con magistrados de justicia y paz, allí, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, hizo nuevos cuestionamientos a la norma que reglamentará este proyecto.
El togado, quien fue designado coordinador para representar a la Corte en la discusión de la ley estatutaria de administración de justicia que reglamentará el equilibrio de poderes, afirmó que este proyecto “tiene unas disposiciones que afectan los derechos de los jueces y la estabilidad laboral”.
¿Qué cuestiona el magistrado? Entre los cuestionamientos hechos por el magistrado están asuntos netamente de intereses laborales y particulares de funcionarios de la Rama. Por ejemplo, para Fernández Carlier, ahora un juez penal podría pasar a ser administrador de justicia en otra rama “de la noche a la mañana”.
Además, pidió que no se elijan a los funcionarios por una fórmula matemática sino por una prueba de conocimiento.
En fin, son muy similares sus requerimientos a los que hacen otros funcionarios estatales de otras ramas del poder; sin embargo, los funcionarios de la Rama Judicial son los mejores pagos. Un juez municipal devenga seis millones de pesos, uno del circuito, ocho millones y un magistrado, 20 millones.
Si bien es cierto, los mejores pagos deben ser los funcionarios del Estado, no hay razón de ser para que unos funcionarios -dependiendo la profesión-, ganen más que otros. Claro, el que tenga más estudios y calidades académicas debe ser mejor remunerado, pero eso debe de ser una condición, no la carrera que estudie.
¿O es que sería ridículo pensar que el rector de una institución educativa pública ganara 20 millones de pesos al igual que un magistrado?
Es molesta la comparación, no para los docentes como sí para los que aspiran a una magistratura.
Todas estas preguntas y apreciaciones incómodas, mas no maliciosas, para indicar que lo que se esconde detrás de esta reforma es un reacomodo laboral, que tiene un interés marcado del Estado: eliminar tantas prebendas a los funcionarios de la rama judicial.
